TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 12 de enero (apro).- Grupos sociales recolectan firmas para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpongan ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antiaborto, aprobada en esta entidad el 18 de diciembre pasado.

Alejandro Rivera, del Colectivo Integral para la Atención de la Familia AC (Cifam), dijo hoy que el Ejecutivo y el Legislativo locales se confabularon para atentar contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Subrayó que el proyecto de ley antiaborto las ONG lo conocieron el 25 de noviembre pasado, y desde esa fecha solicitaron una audiencia ante la oficina de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, instancia que les aseguró la iniciativa no prosperaría ante la protesta de los grupos sociales.

Sin embargo, de forma sorpresiva la reforma fue aprobada por los 40 diputados locales, “incluyendo a los de PRD, PT y Convergencia”.

En respuesta, diversas organizaciones de mujeres pidieron al gobernador Juan Sabines vetar la reforma y, aunque éste dijo que analizaría el caso, finalmente publicó el decreto el 8 de enero, pero con fecha del 18 de diciembre anterior.

“Esta situación fue para tomar ventaja ante las acciones de inconstitucionalidad que la situación refleja, no sólo por las modificaciones sin sentido y violatorias de los derechos humanos, sino porque el proceso en sí es sumamente preocupante”, dijo el activista.

Lo que sigue, abundó, “es enviar una carta con el mayor numero posible de firmas de apoyo para entregarlas a PGR y CNDH, en espera de que esas instituciones resguarden los derechos humanos de las mujeres”, dijo Rivera.

Entre las irregularidades, destacaron que el Periódico Oficial del Estado consignó que la iniciativa fue aprobada en sesión ordinaria; sin embargo, la reforma se avaló en una reunión extraordinaria.

La versión oficial destaca que la iniciativa fue enviada por el Ejecutivo estatal, aunque antes de su aprobación públicamente se supo que la presentaron la diputada panista Ana Elisa López Coello, el perredista Mario Vega y el priista Mauricio Méndoza.

Los integrantes de las agrupaciones civiles confiaron en que la ley sea revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.