JALAPA, Ver., 18 de enero (apro).- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto quebranto de 300 millones de pesos en 83 DE LOS 212 municipios de la entidad.
El documento con las observaciones que se desprendieron de las auditorías que se llevaron a cabo en el gasto correspondiente al ejercicio fiscal de 2008. Los resultados serán entregados este martes al Congreso local para que se deslinden responsabilidades.
Según el dictamen de la Comisión de Vigilancia --que integran siete diputados de PRI, tres de PAN y dos de PRD--, en las dependencias del gobierno del estado “no se detectaron irregularidades” financieras.
    No obstante, se señala que en la revisión contable a las dependencias estatales sí se observaron “inconsistencias” de carácter administrativo, por lo que se instruye a la Contraloría local a “dar seguimiento a las recomendaciones” del Orfis.
    Además, “se detectaron irregularidades en la gestión financiera” y, en consecuencia, daño patrimonial en el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, por 3 millones 526 mil 816 pesos.
    Una situación similar se encontró en el Instituto Tecnológico Superior de Perote, en que se documentaron irregularidades por 782 mil 788 pesos.
Entre ambas instituciones educativas, el presunto daño patrimonial asciende a unos 4 millones 309 mil 55 pesos.
    Según datos de la comisión legislativa, en el ayuntamiento de Acayucan se detectó un presunto daño patrimonial superior a los 58 millones; en Álamo, más de 31 millones; en Atzalán, 16 millones; en Pánuco, 12 millones; en Carlos A. Carrillo, 11 millones; en Filomeno Mata, 16 millones; en Tecolutla, 14 millones y, en Tempoal, 15 millones.
    Entre otros, se enlistan además los casos de los ayuntamientos de Alvarado, con 8 millones; Coyutla, 7 millones; Perote, 8 millones; Zacualpan, 5 millones; Tlacotalpan, 5 millones, Ilamatlán, 6 millones; Ixhuatlán del Sureste, 5 millones, y Moloacán, 7 millones de pesos.
    Por otra parte, en el documento, se subraya que a pesar de que fuera “tan cuestionada” la administración del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), “el Orfis sólo encontró inconsistencias que dan lugar a posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario”, al igual que en otros organismos autónomos.