JALAPA, Ver., 18 de enero (apro).- La presidenta del Grupo Binacional,  Adriana F. Helenik, reveló que Veracruz se ubica entre las cinco entidades mexicanas con la mayor expulsión de migrantes y ocupa los primeros sitios en muertes de indocumentados que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
    Durante su participación en el taller denominado “Protección Preventiva para Migrantes y sus Familias”, realizado en Coatzacoalcos, Helenik mencionó que cuando un veracruzano fallece en la Unión Americana, el gobierno del estado, a través de convenios con los consulados, paga entre 3 mil y 6 mil dólares por el traslado del cuerpo a su lugar de origen.
    Y mencionó que durante 2009 fueron trasladados a la entidad 200 veracruzanos que perdieron la vida en el país del norte.
    Esta situación, dijo, ha motivado que la organización que representa haya centrado su atención en la población migrante veracruzana, que también apoya en la repatriación de menores de edad que llegan a ese país en busca de trabajo o de sus familiares.
    Sin precisar la cifra de veracruzanos que año con año cruzan la frontera, la especialista en el tema migratorio manifestó que Veracruz es uno de los primeros cinco estados mexicanos con mayor expulsión de migrantes, “por eso hemos concentrado más nuestra atención en esta entidad”.
    La abogada refirió que en los dos últimos dos años han sido mujeres, junto con sus hijos, quienes han emigrado hacia ese país, cuando tradicionalmente eran los hombres los que cruzaban la frontera en busca de mejores oportunidades de trabajo.
    La situación para los migrantes veracruzanos que cruzan a Estados Unidos no es fácil, subrayó, ya que no sólo se les dificulta adaptarse a la cultura ese país, sino que no pueden lograr una vida decorosa, pues aunque ganen más, “gastan más”.
    Algunos incluso enfrentan problemas penales en la Unión Americana y otros están en prisión por el solo hecho de no contar con una licencia de conducir, situación a la que se suman otros problemas, como la barrera del idioma, la discriminación y la imposibilidad de legalizar su situación migratoria, concluyó.