JALAPA, Ver., 19 de enero (apro).- El Congreso local aprobó hoy el dictamen de la Comisión de Vigilancia que confirma el presunto daño patrimonial cometido en 2008 por los alcaldes de 83 ayuntamientos veracruzanos por un monto global de 361 millones 345 mil pesos.
    La Cuenta Pública de la administración pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 2008 fue aprobada con 38 votos a favor de la mayoría priísta, a la que se sumaron algunos diputados panistas.
          Hubo seis sufragios en contra y dos abstenciones, del PAN y PRD.
    De acuerdo con el dictamen, en 83 municipios se detectó un presunto quebranto financiero por más de 36 millones de pesos, y en los institutos tecnológicos superiores de Las Choapas y Perote, por 4 millones 309 mil  pesos.
    Por ello, el Congreso local no aprobó sus cuentas e instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a iniciar la fase de determinación de responsabilidades, fincamiento de indemnizaciones y las sanciones contra los servidores públicos, cuya conducta “implica irregularidades o ilicitud en el manejo de los recursos que afectaron la hacienda pública”.
    Sin embargo, en el dictamen relativo al informe de resultados del Orfis de la cuenta pública 2008, en la administración pública estatal no se detectaron irregularidades por posible daño patrimonial ni inconsistencias de carácter administrativo, con excepción de esos institutos.
    En el caso de las empresas paramunicipales operadoras de agua se detectaron inconsistencias de carácter administrativo, “sin causar daño patrimonial”, por lo que se aprobó aplicar sanciones a dichos organismos en Alvarado, La Antigua, Banderilla, Coscomatepec, Córdoba, Fortín, Naolinco, San Andrés Tuxtla, Tempoal, Tierra Blanca, Boca del Río y Medellín.
    Los presuntos responsables del quebranto patrimonial de la cuenta pública 2008, tienen hasta mayo próximo para solventar las observaciones o, de lo contrario, el Orfis interpondrá las denuncias penales correspondientes por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.
    El presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado priísta Gonzalo Guízar Valladares, aseguró que en las decisiones que tome el Orfis no se privilegiara a ningún ayuntamiento, “ya que no habrá distinción de colores de partidos políticos” para castigar a los responsables del presunto daño patrimonial.
    Explicó que la cuenta pública se dictaminó con base en la nueva ley de fiscalización, cuyo proceso debe concluir en mayo próximo, aplicando el principio de anualidad, periodo en el que los ayuntamientos que incurrieron en irregularidades deben solventar las observaciones relativas. En caso contrario, dijo, se presentaran las denuncias correspondientes.