Envía CNDH recomendación a Sabines por casos de intolerancia religiosa

viernes, 1 de octubre de 2010

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 1 de octubre (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió hoy al gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero y al Congreso del estado, la recomendación número 53/2010 por un caso de intolerancia religiosa registrada en una comunidad indígena tzotzil de los Altos de Chiapas.
El 22 de noviembre de 2009 un pastor de la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, Misión Casa de Oración de San Cristóbal de las Casas, denunció ante la CNDH que al menos 20 indígenas tzotziles fueron expulsados de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, en el municipio de Huixtán, por profesar una religión diferente a la católica.
Denunció que la expulsión se decidió durante una reunión comunitaria en la que los líderes de la localidad presionaron a los agraviados a que “renunciaran a su fe”.
Tras recibir la queja, la CNDH inició el expediente CNDH/5/2009/5696/Q y solicitó información a la Secretaría de Gobernación, al Congreso, a la Procuraduría General de Justicia de Chiapas y al ayuntamiento de Huixtán, como autoridades responsables.
La CNDH constató que, efectivamente, sí se realizó la reunión en la que los líderes del poblado acordaron “castigar” a algunos de los miembros de la Asociación Religiosa Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, por lo que fueron retenidos por más de una hora, asimismo, “se les solicitó no realizar actos que atentaran contra la paz, tranquilidad y buena convivencia de los habitantes de esa comunidad”.
Incluso la CNDH dijo tener en su manos la minuta de trabajo relativa a la reunión de 22 de noviembre de 2009, celebrada en el salón de actos del ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas, en la que se hace constar que los miembros de la asamblea de ese ejido determinaron expulsar a los agraviados debido a sus creencias religiosas, reunión en la que estuvieron presentes seis indígenas como representantes de los 20 expulsados de la comunidad.
Tras concluir sus investigaciones, la CNDH pidió hoy al gobernador Juan Sabines Guerrero que se tomen las medidas necesarias para  garantizar el retorno de los expulsados a la comunidad, “así como la pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan”, considerando, para tal efecto, lo dispuesto en los lineamientos específicos del Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, y se le informe a la Comisión sobre el resultado.
Entre otras cosas, la CNDH también pidió que se brinde asistencia humanitaria a los agraviados que continúan alojados en el Centro de Desarrollo Comunitario “La Albarrada”, dependiente de la Secretaría de Pueblos Indios del estado de Chiapas, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, y se remitan a ese organismo las constancias con que se acredite su cumplimiento.
En cuanto al Congreso del estado, la CNDH exhorta a los 40 diputados locales a instalar una mesa de concertación o diálogo, con el fin de que se sumen esfuerzos y se coordinen las acciones tendentes a la solución de la problemática de intolerancia religiosa que existe en el ejido Lázaro Cárdenas.
Al ayuntamiento de Huixtán, le pide que se realicen las acciones urgentes, para que, en coordinación con el gobierno estatal, se resuelva el conflicto de intolerancia religiosa y que se garantice la convivencia pacífica de los pobladores y el respeto a la libertad de creencia.

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