MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- Exrectores, directores de escuelas y facultades, alumnos y trabajadores de la Universidad Juárez deL Estado de Durango (UJED) interpusieron hoy ante el Juzgado Primero de Distrito un amparo contra las reformas a la Ley Orgánica de esa casa de estudios aprobadas ayer por la mayoría priista, en una maniobra para imponer a Patricia Herrera como rectora interina.
      Y es que esta es la primera vez en el país que un Congreso local interviene en el nombramiento del rector de una universidad pública autónoma.
El nombramiento, se realizó con el voto a favor de 21 priistas, así como de sus aliados de Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Duranguense. Legisladores de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo abandonaron la sesión en protesta por la violación a la autonomía universitaria.
    Horas antes, más de cinco mil universitarios y miembros de la sociedad civil participaron en una marcha de “brazos caídos”, por una de las principales calles de la capital Durango, la 5 de febrero, hasta llegar a la Plaza IV Centenario, frente al Palacio de Gobierno y al edificio que alberga al Congreso del estado.
Los manifestantes se pronunciaron en contra de la intervención de los legisladores en la elección de rector, así como de las reformas a la Ley Orgánica de la UJED sin que existiera participación del Consejo Universitario.
También, se pronunciaron en contra de la intervención de las corporaciones de policía estatal y del Ejército. La primera participó en el desalojo “ilegal” del edificio central de la universidad, la mañana del pasado miércoles; y el segundo, en el resguardo del edificio legislativo.
Las modificaciones aprobadas impiden la reelección del rector y desconocen al encargado de la rectoría, Salvador Rodríguez Lugo, sustituto de Rubén Calderón, quien se separó de su cargo para contender por la rectoría el próximo 8 de octubre.
    Joel Ávila, director de Comunicación Social, quien fue destituido por Patricia Herrera luego de que los priistas la impusieran como rectora interina, explicó que los universitarios están en espera del amparo y protección de la justicia federal, ya que la ley aprobada y aplicada por el Congreso del estado, por “órdenes del gobernador Jorge Herrera Caldera”, es inconstitucional.
En la elaboración del recurso de amparo participó un equipo de asesores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Los promotores del amparo confían en que en un plazo máximo de 48 horas se les conceda el amparo, ya que, aseguraron, existe jurisprudencia al respecto que los favorece.
En caso de que el recurso de amparo les sea negado, adelantó Joel Ávila, el Consejo Universitario definirá las acciones a seguir. Por lo pronto, el rector interino Salvador Rodríguez Lugo, convocó a sesión extraordinaria del Consejo Universitario para la noche de este viernes, en el edificio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). En caso de que “la rectora impuesta por el Ejecutivo y el Legislativo” les impidan la entrada al edificio, adelantó que sesionarán en la vía pública.
“Los universitarios estamos convencidos que la justicia federal nos protegerá, puesto que la acción de los legisladores se da en franca violación al artículo tercero constitucional y atenta contra un logro del pueblo: La autonomía de la educación pública”, declaró Rodríguez Lugo a los medios locales.
    En la madrugada de este viernes, a puerta cerrada, Patricia Herrera, quien fue secretaria de Salud, en el gobierno de Ismael Hernández Deras, tomó protesta a los nuevos funcionarios.
Como secretario general de la Universidad, fue designado Tomás Castro, quien hasta entonces fungía como director de la Facultad de Derecho; como abogado general, quedó Carlos Silerio Medina; en el área de Comunicación Social, Patricia Name; en Extensión Universitaria, José Solís Muguiro; y como coordinador general de Relaciones Laborales, Roberto Martínez Tejada.
Patricia Herrera adelantó que habrá cambios en Tesorería y Finanzas, así como en Planeación y Servicios Escolares, entre otros. Por lo pronto, ya ordenó que se congelen las cuentas bancarias a nombre de la Universidad.
    Por su parte, el grupo de estudiantes de cuatro escuelas que mantenían tomado el edificio que alberga las oficinas de rectoría, entregaron el inmueble a la nueva rectora. Ellos, conforme lo denunciaron directores de escuelas y facultades de la UJED, fueron “manipulados” por el gobernador Jorge Herrera Caldera, con el fin de desestabilizar a la comunidad universitaria y de esta manera, facilitar la aprobación de la Ley Orgánica que hasta ayer, regía a la máxima casa de estudios del estado.

jpa