CHETUMAL, Q. Roo., 20 de octubre (apro).- En el último tramo de su administración, que concluye en abril del 2011, el Congreso del estado autorizó al gobernador Félix González Canto contraer un nuevo empréstito por 2 mil 700 millones de pesos, con lo cual heredará a su sucesor, Roberto Borge, una deuda superior a 5 mil 200 millones de pesos.
González Canto recibió de su antecesor Joaquín Hendricks Díaz un pasivo de aproximadamente mil 250 millones de pesos, cifra que el actual mandatario acrecentó, hasta junio pasado, a 2 mil 562 millones 616 mil 667 de pesos.
El nuevo endeudamiento fue aprobado por la mayoría de los diputados. Sólo dos, William Souza Calderón y José Hadad Estefano, ambos de la bancada panista, se opusieron por “razones de conciencia”.
Al respecto, ambos legisladores emitieron un comunicado en el que destacan que al final de su mandato González Canto habrá cuadruplicado el monto de la deuda pública que heredó de Hendricks Díaz.
"La contratación de este sobreendeudamiento nos parece apresurada, poco transparente y con mas perjuicios que beneficios en el futuro cercano de nuestro joven estado, con una deuda pública comparable con entidades federativas mucho mayores en territorio y población como Chihuahua; y la pregunta a responder es ¿Con cuánto se endeudará el estado con el gobernador electo cuando se le herede una deuda de cinco mil millones de pesos?", señalaron.
Aclararon que no se oponen a la inversión pública productiva, “sino a los disfraces que en números pinta la actual administración para no dar a conocer los dispendios que ahora se traducen en faltantes que serán cubiertos con este nuevo empréstito”, por lo que se niegan a ser corresponsables “del severo endeudamiento” que dejará al estado.
Según la solicitud que el gobierno del estado envió al Congreso, la contratación del financiamiento se hará mediante la emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados financieros mexicanos o mediante la contratación de uno o más créditos bancarios, comprometiendo de manera irrevocable como garantía y fuente de pago o ambas, un porcentaje de los ingresos propios del Instituto para el Desarrollo y el Financiamiento del Estado (Idefin).
El plazo máximo para la celebración de la contratación de los financiamientos vence el 30 de junio de 2011 “y en caso de que el Poder Ejecutivo, tuviere remanente alguno después de la aplicación de los recursos provenientes del financiamiento y de los pagos mencionados, se le autoriza también a destinar los remanentes a conceptos de inversión pública productiva”.
Los dos legisladores insistieron en que votaron en contra, pese al criterio mayoritario de su bancada de votar a favor del sobreendeudamiento, porque “son mayores las dudas que las certezas”.
Reiteraron que además de los 5 mil millones que González Canto dejará de deuda pública directa, hay que considerar los conceptos de deuda interna por concepto de pago a proveedores y de la Deuda Contingente del Estado (derivada de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funge como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y de los municipios) para conocer el gran total de la deuda que dejará la esta administración.
Destacaron que “la dinámica de recurrir al endeudamiento para atender las necesidades de obra del Estado, sin un programa previo y serio de austeridad de la administración pública estatal a poco menos de 5 meses de concluir su ejercicio constitucional pone en entredicho el empréstito y el destino final de estos recursos”.