OAXACA, Oax., 25 octubre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma aprobada en julio pasado por la mayoría priista en el Congreso del estado sobre la conformación de una Junta de Coordinación Política, que le garantizaría al PRI el control del la LXI Legislatura local.

En sesión pública, la SCJN resolvió la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del PAN, PRD, Convergencia, PT, Unidad Popular (PUP) y Alternativa Social Demócrata (PASD).

El dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara destacó la resolución de la Corte, ya que “confirma el albazo legislativo que pretendían hacer los priistas para mantener el control del Congreso local”.

Sin embargo, Moreno Alcántara dijo que es necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso local “pero no de esa manera degradante como lo pretendían hacer los priistas; se tiene que ser con una discusión parlamentaria”.

La decisión de la Corte significa que la próxima legislatura, que entrará en funciones el próximo 13 de noviembre, iniciará con una figura de la gran comisión, que tiene que ser votado por el pleno del Congreso, contrario a la Junta de Coordinación que pretendía imponer la mayoría en el Congreso, en este caso el PRI, para seguir manteniendo el control del Poder Legislativo.

Los diputados inconformes reclamaron la inconstitucionalidad, debido, dijeron, a las irregularidades registradas en la sesión en la que el PRI sometió a votación la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso local y su reglamento.

Por medio de esa reforma, el PRI eliminó la Gran Comisión como órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y conformó la Junta de Coordinación Política, misma que entraría en funciones en la LXI Legislatura local.

Dicha junta estaría encabezada por un integrante de la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso local –que en la LXI Legislatura corresponde al PRI--, partido que sería el encargado de presentar ante el pleno las propuestas de quiénes ocuparían los cargos de tesorero y oficial mayor. Además, sería el responsable de la contratación de personal en la Cámara de Diputados.

El diputado panista, Dagoberto Carreño Gopar, dijo que esta es la primera acción de inconstitucionalidad promovida por los legisladores locales, debido a que, hasta ahora, nunca se había logrado reunir las firmas del 33.3 por ciento requeridas para tal efecto.

Durante la sesión pública de la SCJN, los ministros echaron abajo la reforma priista, debido a las inconsistencias en la votación, mediante la cual el PRI aprobó esta reforma, así como el hecho de negar la discusión de dicha reforma en comisiones.