MONTERREY, NL, 1 de noviembre (apro).- El Congreso local turnó a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) las solicitudes de procedencia en contra del exalcalde panista de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, a quien se le acusa de irregularidades en su gestión.

A la par de estas acusaciones, quien fuera presidente municipal regiomontano en el pasado trienio enfrenta un juicio de expulsión de Acción Nacional (PAN) promovido por la propia dirigencia estatal del partido, que lo señala por actos de corrupción.

Este lunes, el diputado priista Héctor Morales Rivera, a nombre de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presentó y fue aprobado el proyecto de dictamen en el que fueron incluidos cuatro expedientes en los que se pedía al Poder Legislativo que emitiera declaratoria de procedencia para retirar el fuero al exsenador nuevoleonés.

En sus argumentos, los diputados explicaron que ahora que se cumple un año de que Madero está fuera de la función pública, carece ya de fuero y se le puede dar vista al Ministerio Público para que analice los expedientes 4481, 4790, 5323 y 5438, en los que se le señala por diversos actos ilícitos.

El acuerdo firmado por los diputados y apoyado por la bancada de Acción Nacional, señala textualmente:

“Désele vista al procurador general de Justicia del Estado corriéndole traslado del presente dictamen, así como de los expedientes originales, como sus anexos, a fin de que sea legalmente enterado de los hechos que ahí se consignan; lo anterior para los efectos legales a que hubiere lugar”.

En las mismas denuncias se incluían a los exfuncionarios María de los Ángeles García Cantú, Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Arturo Cavazos Leal y Sergio Ríos Rodríguez, quienes fungían como síndico segundo, tesorero, secretario del ayuntamiento y secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en la alcaldía regiomontana, respectivamente, en la administración de Madero.

Sin embargo, los diputados estimaron que ya no había elementos de procedencia, por lo que no se actuará contra ellos.

Morales Rivera también destacó que respaldaron la denuncia que presentó ante el Congreso, el 26 de septiembre del 2008, el organismo civil denominado Red Cívica, en la que se acusó al exprecandidato a la gubernatura panista de Nuevo León de haber favorecido, mediante un contrato amañado, a la empresa publicitaria Publitop en ese mismo año.

A Madero Quiroga se le acusa de cederle a esta empresa, que le ayudó en campaña, espacios en puentes peatonales mediante un convenio que indebidamente sólo él firmó, sin notificar al cabildo, por lo que se le acusa de uso indebido de funciones.

Este es un nuevo intento de los diputados por desaforar a Madero después de que la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGJE, dictara el no ejercicio de la acción penal contra el panista en noviembre del 2009, pues en ese entonces aún contaba con fuero constitucional.

Sin embargo, el 26 de octubre anterior, cuando se aprobó en comisiones dar vista al Ministerio Público de los expedientes, Morales Rivera declaró que esta nueva denuncia “tiene un expediente más completo”.

Madero también enfrenta un proceso de expulsión de su partido que inició el 27 de agosto del 2009, acusado por el Comité Directivo Estatal (CDE) de actos de corrupción al interior de su administración municipal, lo que afectaba la imagen del organismo político.

Este 15 de octubre pasado el procedimiento fue reactivado en el PAN después de estar en archivo.