TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de noviembre (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) inició este lunes la repatriación de 103 centroamericanos que el pasado sábado 13 fueron rescatados por la Procuraduría General de la República (PGR) en una finca bananera en Tapachula, Chiapas, donde eran explotados laboralmente.

Entre los 108 rescatados había tres recién nacidos y una menor de 12 años embarazada.

Durante el operativo encabezado por elementos de la PGR fueron detenidas ocho personas, quienes fueron acusadas del presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Ellas son: Roberto Iraí Pérez López (guatemalteco), caporal del rancho “La Herradura”; Marvin Edgardo Cartero Enamorado (hondureño), caporal del rancho “Orelay”, así como los mexicanos Mario Fernando Solórzano Rodríguez, caporal del rancho “Santa Fe”; Roberto Villanueva López, caporal del rancho “Santa Teresa”; Julio César Veliz Moncada, administrador del rancho o finca “La Herradura”; Luis Antonio Paz Contreras, Francisco Hernández Cruz y Marco Antonio Gómez Lozano.

Los migrantes centroamericanos no sólo eran “explotados”, sino también vivían en condiciones de hacinamiento. En ese grupo, había 18 menores de edad y tres bebés, lo que hace más gravosa la sanción contra los presuntos delincuentes.

Los ocho detenidos, puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, se encuentran desde ayer en el Centro de Reinserción Social número 3 de esta ciudad.

En tanto, el rancho en el que fueron rescatadas las 108 personas quedó a disposición de las autoridades federales, además de los vehículos que se encontraron en el lugar.

Se estima que cada año, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, ingresan a territorio mexicano alrededor de 80 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos (en su mayoría de forma ilegal) para trabajar en los campos de café, banano y caña.

Un informe del gobierno de Chiapas señaló el año pasado que dicho desplazamiento no es acompañado de un Acuerdo Bilateral que establezca las condiciones laborales mínimas o máximas, ni define salarios estandarizados, como tampoco prevé mecanismos homogéneos en centros de trabajo, alimentación, traslado y alojamiento.

Por ello, el INM extiende a guatemaltecos la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo para que laboren en cualquier sector productivo dentro de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.