Delito grave, filtrar información policíaca en Colima

viernes, 19 de noviembre de 2010

COLIMA, Col., 19 de noviembre (apro).- El Congreso local aprobó hoy una reforma al Código Penal del estado para tipificar como delito grave en la entidad la filtración de datos sobre operativos policiacos.

Con esta medida se pretende combatir la actuación de los “halcones”, como se denomina a las personas que trabajan como informantes para los grupos de la delincuencia organizada para facilitar la comisión de delitos.

De acuerdo con el dictamen, cuando la persona que filtre la información, sea miembro de cualquiera de las instituciones de seguridad pública o haya pertenecido a alguna de éstas, la pena será de cinco a 15 años de prisión y multa de hasta 800 salarios mínimos.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello, advirtió que se ha diversificado la actividad de los delincuentes para cometer sus ilícitos y ahora contratan a personas que les proporcionen información sobre las acciones, actividades y movimientos de funcionarios o particulares, a los que pretenden afectar en su integridad física, familiar o patrimonio.

Por ello, Romero Coello dijo que al filtrar y proporcionar información a los grupos delictivos respecto del itinerario y estrategias de los operativos de seguridad pública, se está afectando gravemente la eficacia de esta función pública en perjuicio de la sociedad.    

“Las personas contratadas como informantes por parte de la delincuencia organizada, además de recibir cantidades de dinero en efectivo como contraprestación por sus servicios, también reciben equipos de radiocomunicación o sistemas de comunicación modernos y sofisticados para estar localizables y enviar la información de manera eficaz en tiempo real”, señaló.

Con la reforma penal aprobada, dijo el legislador priísta, se pretende fortalecer la prevención del delito y la eficacia de la seguridad, en busca de la tranquilidad de los ciudadanos.

En esta legislación se considerarán los casos de los servidores públicos a los que se les compruebe que, de manera clandestina, transmitieron información sobre la ubicación, las actividades y los operativos de seguridad pública, para facilitar la comisión de delitos o evitarse el cumplimiento de la función pública.