Chocan Hacienda y Ulises Ruiz por deuda pública

lunes, 22 de noviembre de 2010

OAXACA, Oax., 22 de noviembre (apro).- Entre insultos, porras y acarreos se llevó a cabo este lunes la comparecencia de los secretarios General de Gobierno y de Finanzas, Evencio Nicolás Martínez Ramírez y Miguel Ángel Ortega Habib, así como del coordinador de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, como parte de la glosa del VI Informe de Ulises Ruiz.
Sin embargo, tocó a Ortega Habib recibir duros cuestionamientos de parte de los diputados por el endeudamiento del estado.
El responsable de Finanzas insistió en que la deuda pública de Oaxaca asciende a mil 400 millones de pesos para luego rechazar existan diferencias con los datos presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La SHCP reportó una deuda de 4 mil 200 millones de pesos del estado de Oaxaca, sin embargo Ortega Habib reviró que esa información primero debe ser corroborada, y resaltó que “mil 400 millones de pesos es la deuda oficial”.
Detalló que en este sexenio se adquirieron créditos por 2 mil 160 millones y se pagó 55% de ese endeudamiento, con saldo al 30 de noviembre de unos mil 446 millones de pesos.
Luego se deslindó de su hermana Martha Ortega Habib y su sobrino Daniel García Teruel Ortega, así como de la empleada Rosa Elvira Orozco Santiago, involucrados en el proceso penal 291/2010/III por el presunto delito de lavado de mil 200 millones de pesos, e insistió en que el gobierno de Ulises Ruiz deja “finanzas sanas”.
Empero sus declaraciones fueron cuestionadas por los diputados Flavio Sosa Villavicencio, del PT; Margarita García García, de Convergencia; Francisco Martínez Neri, del PRD, y Guadalupe Isaac Rodríguez Soto, del PAN.
Los legisladores de oposición coincidieron en que durante este sexenio no hubo transparencia en el uso de los recursos públicos y lamentaron el mutismo del funcionario para aclarar los cuestionamientos al manejo de las finanzas estatales.
Antes, el coordinador del Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, hizo notar la urgencia de trabajar de inmediato en la elaboración y análisis de una Ley Estatal del Transporte para Oaxaca, no a modo del gobierno ni de los diputados, sino de los usuarios que requieren de un servicio eficiente y de calidad.
Sin embargo, diputados de PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia coincidieron en la falta de avances en la materia y se pronunciaron por soluciones de fondo a una de las problemáticas más severas en la entidad.
En el caso de la Ley Estatal del Transporte, Ruiz Cerón reconoció que es uno de los grandes pendientes de la administración, al igual que contar con una Ley de Tránsito y su reglamento.
Sin embargo, las constantes interrupciones motivaron que la presidenta de la mesa directiva, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, ordenara el desalojo de choferes acarreados.
Ruiz Cerón explicó que de un padrón inicial de 911 unidades del transporte urbano de la ciudad de Oaxaca, fueron retiradas 219 y sustituidas otras 152 para quedar actualmente funcionando 844 en un total de 78 rutas actuales.
En lo que corresponde al servicio suburbano, mencionó que de 587 vehículos, fueron retirados 315 y sustituidos 74, con lo que la cifra que opera es de 346 unidades.
Al final compareció el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien resaltó que “la gobernabilidad, el bienestar y el desarrollo de un pueblo no pueden estar al margen de una consolidación de sus estructuras políticas, y por ello el gobierno del estado priorizó un pacto con los actores políticos y sociales que convergen en nuestro estado”.
Reconoció que existen 194 conflictos agrarios y se solucionaron cuatro problemas de manera definitiva, como son los casos de Santiago Amoltepec y Santiago Textitlán, Santa María Totolapilla y San Pedro Jilotepec.
En cuanto al rubro de derechos humanos, dijo que se concluyeron 11 de las 25 recomendaciones emitidas por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado y se atendieron siete recomendaciones de las 13 emitidas por el ombudsman nacional del 2004 al 2010, y que las otras seis ya fueron concluidas.
Además, dijo que se dio respuesta de manera oportuna, a través de la participación interinstitucional, a los requerimientos de información y colaboración en diez medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), resaltando que se acataron todas las medidas dictadas por ese organismo.
De los crímenes cometidos en este sexenio, dijo que es la Procuraduría estatal a la que le corresponde dar los avances de las investigaciones.
Respecto de los fiats o permisos para operar notarías que se entregan cada fin de sexenio, Martínez Ramírez precisó que “es facultad discrecional del Poder Ejecutivo”, aunque a la fecha “no tengo ningún trámite en mi oficina”.
Finalizó al decir que en el estado hay 80 notarios públicos en funciones; existen expedientes de responsabilidad en contra de 62, y se han impuesto sanciones a cinco más.

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