TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 24 de noviembre (apro).- La Secretaría de la Función Pública del gobierno de Chiapas (SFP) investiga a dos altos exfuncionarios del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía por un presunto desvío de recursos de al menos 50 millones de pesos.
 Se trata de Mariano Herrán Salvatti, quien se desempeñó como titular de la Fiscalía General, y de Amador Rodríguez Lozano, quien fungió como titular del Ministerio de Justicia, entre otros funcionarios.
    Durante el sexenio de Salazar Mendiguchía, la actual Procuraduría General de Justicia (PGJ) ostentó dos nombres distintos: primero se le denominó Fiscalía General de Justicia y, posteriormente, cambió a Ministerio de Justicia del estado.
    Herrán Salvatti ocupó el cargo de fiscal general de diciembre del 2006 a octubre del 2007; fue relevado por Amador Rodríguez Lozano en la dependencia que pasó a llamarse Ministerio de Justicia del estado. Rodríguez Lozano permaneció en el cargo hasta enero del 2009, año en que la dependencia cambió nuevamente de nombre para erigirse como Procuraduría General de Justicia del estado, que ahora encabeza Raciel López Salazar.
En el Periódico Oficial del estado (números 262 y 263), la SFP divulgó los expedientes que se abrieron por los malos manejos de los recursos del Fideicomiso Contra la Delincuencia Organizada (Ficodo) creado por el gobierno del estado y empresarios chiapanecos. Dicho fideicomiso tenía como objetivo adquirir equipo de alta tecnología para combatir el secuestro, el asalto en carretera, el robo de vehículos y el abigeato, así como para otorgar estímulos a los agentes de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (Fecdo).
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la SFP, tanto colaboradores de Herrán Salvatti, como de Rodríguez Lozano, dispusieron de diversas cantidades de dinero sin soportarlo contablemente. La mayoría de los recursos se etiquetaron en el rubro de “gastos sin comprobar”.
También por la disposición de miles de dólares de bienes asegurados a la delincuencia organizada.
Además de Herrán Salvatti y Rodríguez Lozano, las investigaciones involucran a Gabriel Salcedo Torres, coordinador general de Administración y Finanzas de la FG; Gilberto Guevara Moreno, quien fue Secretario Ejecutivo del Ficodo; Jorge Arreola Nava y Roberto Antonio Cano Chavez, ambos exsubdirectores de Administración y Finanzas del desaparecido MJE, ahora PGJ.
Los expedientes son: 268/DPA-CC/2010, 269/DPA-CC/2010, 271/DPA-CC/2010.
A Rodríguez Lozano y a Guevara Moreno se les investiga por la disposición de más de 8 millones de pesos del Ficodo, según el expediente 271. Los recursos supuestamente fueron utilizados para otorgar estímulos a los agentes de la Fecdo, aunque no se comprobó si realmente éstos llegaron a manos de sus presuntos destinatarios.
Jorge Arreola Nava y otros exservidores públicos como Emir Santos Díaz, Carmen Coutiño Córdova, Arnulfo Lugo Espinosa y Alonso León Niño se vieron involucrados en el retiro y disposición de 342 mil dólares de la Dirección de Bienes Asegurados, recursos que fueron transferidos, en pesos mexicanos, a otras cuentas bancarias.
Los recursos fueron dispuestos cuando aún no estaban enajenados a favor del erario de Chiapas; es decir, cuando podían ser reclamados por sus propietarios.
A Roberto Antonio Cano Chávez se le indaga por el mal manejo que hizo de más de seis millones de pesos que pretendió justificar como “gastos de operación para investigaciones especiales”, según el expediente 268.
En ese mismo expediente, se indaga a Rodríguez Lozano por las “irregularidades” contables encontradas en el manejo de más de 12 millones de pesos de las finanzas del MJ, las cuales fueron consideradas por la SFP como “erogaciones improcedentes”.
Por si no bastara la investigación que tiene por su paso en la FGE --ahora PGJ--, a Guevara Moreno se le abrió otra indagación administrativa por la disposición que hizo en diferentes retiros del Fideicomiso para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizador Estratégico de Puerto Chiapas, cuando tuvo como su jefe a Herrán Salvatti en la Secretaría de Economía.
De abril a mayo del 2008 se registraron retiros bancarios por más de 26 millones de pesos.