GUANAJUATO, Gto., 25 de noviembre (Apro).- Casi cuatro años después de que se aprobó la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, el Congreso local dio luz verde a la norma que armoniza esta legislación en la entidad, con lo que se atiende una recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH).
    Guanajuato era el único estado del país que faltaba de instrumentar una ley para combatir la violencia hacia las mujeres.
En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, diputados de PRI, PRD, PAN,  Verde Ecologista, Nueva Alianza y Convergencia aprobaron por unanimidad esta ley, después de varias fallidas iniciativas que desde la Legislatura anterior se fueron quedando rezagadas y archivadas y de los reiterados reclamos de organizaciones civiles.
    Una de las principales funcionarias que se oponían a que se legislara sobre el particular era la propia directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Luz María Ramírez Villalpando.
Pero la visita de la representante de la Oficina del Alto Comisionado ONU-DH a Guanajuato, en agosto pasado, obligó al gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez a enviar una iniciativa y al Poder Legislativo a dictaminar al respecto, cuando se conoció que abogados del CIDE y el Centro Las Libres defendían a un grupo de mujeres que purgaban condenas en penales del estado, sentenciadas por homicidio en razón de parentesco (filicidio), las cuales aseguraron que sufrieron abortos y se les procesó de manera indebida.
Ocho mujeres sentenciadas por esta causa fueron liberadas el 8 de septiembre.
La Oficina ONU-DH concluyó que en Guanajuato “prevalece un clima de preocupante violencia hacia las mujeres, incluyendo la sexual”, y que la legislación estatal no visibiliza ni atiende las particularidades de las mujeres que sufren violencia, tras lo cual recomendó instrumentar los mecanismos para garantizar los derechos de las mujeres en el territorio guanajuatense.
Unos días después, el gobernador presentó una iniciativa para la ley estatal, a la cual se unieron propuestas de PRI, Convergencia y PRD.
En la sesión de hoy, la diputada priista Alicia Muñoz elogió el trabajo realizado en las comisiones unidas de Equidad de Género y Justicia, “dejando de lado la intención de aparentar que se legislaba a favor de la mujer, situación que detectamos a tiempo”, aseguró.
Explicó que al reconocer la violencia femenina como un asunto grave, se establece un sistema estatal de atención y erradicación de la violencia de género femenino, con un Consejo y un programa estatal.
“Nuestras propuestas de incluir la violencia obstétrica y feminicida que sufren muchas mujeres serán concretadas en esta ley”, señaló la diputada del PRI, así como la incorporación de sanciones para aquellos funcionarios que desacaten una orden de protección.
Al referir que del 2006 a la fecha más de un centenar de mujeres han sido asesinadas en el estado, el diputado perredista José Luis Barbosa destacó la obligación que tendrá el estado para crear refugios, así como para las órdenes de protección de emergencia y la reparación del daño, entre otros instrumentos de apoyo para las víctimas.
Y recordó que con la nueva norma no concluye el trabajo de armonización legislativa en la materia, pues se necesitará trabajar en otras instancias y leyes.
Precisamente sobre este punto, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, advirtió en entrevista que la nueva norma no servirá “para callar a las organizaciones diciendo que ya está la ley y qué más queremos”, sino que es un punto de partida para trabajar intensamente por una reglamentación que permita implementar en la práctica la atención a las víctimas.
    “Fueron tres años de retraso; no les vamos a aplaudir porque es el trabajo que mínimamente tenían que hacer”, aclaró la activista de derechos humanos.
    Expuso como una preocupación central promover una nueva estructura del gobierno del estado para brindar la atención a los casos de violencia.
    “Una de las cosas que sabemos, por la experiencia diaria que tenemos en los casos de violencia contra las mujeres, es que si el mismo personal, con los mismos recursos, atienden la violencia en general, a las mujeres y encima a los agresores, no funciona. Se requiere una nueva arquitectura del gobierno del estado, una nueva estructura y no creo que lo vayan a hacer para el próximo año”, aunque aseguró que las organizaciones civiles trabajarán seriamente para ello.
“Aquí debemos hacer un trabajo para un reglamento efectivo, funcional para la vida cotidiana de las mujeres que viven violencia”.
    Luego se dijo inconforme con el hecho de que el nuevo Sistema Estatal de Prevención y Atención sea encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cuyo titular, Miguel Márquez Márquez, es uno de los claros aspirantes a la candidatura del PAN para gobernador.
    “Yo participé en el Consejo de Violencia Intrafamiliar cuando (Márquez) fue director del DIF y no tiene idea; no le interesa y ahora anda de candidato. Sus prioridades, como todos los políticos, son primero los intereses partidarios que resolver un problema social de fondo”, dijo Cruz Sánchez.
“Lo que le falta a esta ley es la estructura de la prevención –explicó--; es todo un trabajo, le toca al sistema educativo y la Secretaría de Educación en este estado no ha sido la más abierta a hacer este trabajo, ha habido mucha resistencia”.