Amalia García demanda al gobernador de Zacatecas

viernes, 10 de diciembre de 2010

ZACATECAS, Zac., 10 de diciembre (apro).- La exgobernadora Amalia García Medina interpuso ante un juez del Distrito Federal una demanda por daño moral en contra del actual gobernador Miguel Alonso Reyes; del procurador de Justicia, Arturo Nahle García, y del contralor interno, Guillermo Huizar Carranza, a quienes acusa de haber orquestado “una campaña de desprestigio” en contra de ella y sus colaboradores en el sexenio 2004-2010.
    Acompañada de su abogado, Christian Zinser, García Medina se presentó hoy en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a presentar su demanda en contra del gobernador priista por el daño moral “que le han causado en su honor, decoro, prestigio, buena reputación e imagen”.
    Amalia García retó a Miguel Alonso Reyes a “salir de la opacidad y transparentar los motivos y fundamentos de la clandestina investigación que lleva a cabo”.
    Argumentó que interpuso la demanda ante un tribunal del Distrito Federal porque el informe de auditoría difundido por el contralor Huizar fue una “perversa estrategia mediática” dirigida a la opinión pública nacional y, según aseguró, “particularmente a la del Distrito Federal”.
    La exgobernadora ha sostenido en diversas entrevistas que es atacada porque se le ve como aspirante a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal y se le quiere descartar como candidata.
"Nunca he presentado una demanda a título personal, en esta ocasión mi vi obligada; y lo hago por una razón superior: defender la dignidad y salvaguardar el buen nombre de todas las personas que trabajamos en la administración 2004- 2010”, dijo.
    A través de un correo a nombre de la propia exgobernadora, se dio a conocer que mediante este recurso legal exige que, de ganar el litigio, la sentencia condenatoria en contra del gobernador Alonso Reyes y los dos funcionarios mencionados sea publicada en los medios de comunicación en los cuales se publicaron “las injustas informaciones en su contra”.
    Al asegurar que hasta el momento no ha recibido notificación alguna de la Contraloría Interna del estado con respecto a las observaciones y presuntas irregularidades detectadas en la revisión presupuestal efectuada a los últimos meses de su administración por decisión de su sucesor priísta, Amalia García protestó porque “la investigación se mantiene oculta a todos los funcionarios auditados”, así como por “la gran publicidad sesgada e injusta para desorientar a la opinión pública”.
    Acusó al actual gobernador, al procurador y al contralor interno de difundir información “que incluye juicios de valor” sobre su desempeño como gobernadora, “con ánimo malicioso y para causarle deshonra y descrédito públicos y afectando su decoro, prestigio, buena reputación e imagen, anticipando las conclusiones de un procedimiento que no ha sucedido”.
En este procedimiento, apuntó, se le ha negado la oportunidad de defenderse.
Por ello, aseveró que en realidad la auditoría ordenada por el actual gobernador es el pretexto para orquestar una campaña de desprestigio “que es ilícita y contradice los límites constitucionales y legales fijados para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Incluso, en la demanda la exgobernadora asegura haber actuado al frente de la administración estatal zacatecana con honestidad, lealtad, eficacia, profesionalismo, legalidad y eficiencia, y siempre “privilegiando el bienestar común y el ejercicio correcto y cuidadoso de los recursos”.
    En contraparte, esta tarde el contralor interno, Guillermo Huizar Carranza, respondió que las auditorías y revisiones que se practican en esta dependencia no están encaminadas a afectar la reputación de la exgobernadora o a causarle un daño moral, sino que son parte de las propias atribuciones y funciones que tiene la Contraloría.
    Aclaró que García Medina no ha sido notificada sobre las observaciones que tendría que solventar ante esta revisión “porque no ha sido localizada en su domicilio de Zacatecas”.
    De hecho, la Contraloría interna ha notificado ya formalmente a siete de los 17 funcionarios de la administración anterior.
Tanto la exgobernadora como otros de sus colaboradores residen ya en la Ciudad de México, pero la Contraloría informó que, conforme al procedimiento a seguir en estos casos, ha entregado las notificaciones de acuerdo con el domicilio oficial establecido en la declaración patrimonial final de los exfuncionarios, y Amalia García anotó el de su residencia en el municipio de Guadalupe.

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