MÉXICO, DF, 10 de diciembre (apro).- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, a priorizar una agenda en la materia y a saldar deudas pendientes, entre ellas los ataques a activistas y migrantes, así como la situación en la región trique.
    A unos días de que Cué Monteagudo asuma el gobierno de Oaxaca, la representante de AI para América, Kerrie Howard, sostuvo que se trata de hacer justicia en “los abusos cometidos contra indocumentados, en los ataques contra defensores de derechos humanos, la situación en la región triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis de 2006”.
    Las peticiones de AI coinciden con las protestas que llevaron a cabo unos cien indígenas triquis e integrantes de la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) frente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se esclarezcan los crímenes de los defensores Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
Los activistas fueron masacrados el 27 de abril pasado, cuando transitaban en una caravana para romper un cerco impuesto sobre la comunidad de San Juan Copala por paramilitares de la Unión para el Bienestar del Pueblo Triqui (Ubisort), vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
    En una misiva, Kerrie Howard recuerda que en el informe de Amnistía, “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México”, se documentó que “el estado de Oaxaca es un terreno fértil para esos abusos y que hay una falta de acción estatal decisiva, coordinada y oportuna para protege a los indocumentados y terminar con la impunidad”.
    Sobre los riesgos que implica la defensa de derechos humanos en Oaxaca, el documento enviado a Cué destaca los casos de amenazas y hostigamiento contra la abogada Alba Cruz, quien trabaja en denuncias por casos de tortura, y contra el padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue “Hermanos en el camino” de Ciudad Ixtepec, donde se apoya a indocumentados centroamericanos.
    Se da especial atención a los homicidios de Cariño y Jaakkola, crímenes en los que Amnistía puntualiza que la PGR “no ha producido resultados concretos”, por lo que la organización pide a Cué que “solicite informes acerca de los avances en la investigación y que garantice que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realice una investigación paralela de los aspectos del caso que son de competencia del fuero común, como son los vínculos del grupo armado con autoridades del estado”.
    Asimismo, AI solicita atender las causas de la violencia en la región triqui, que “tiene raíces históricas no ajenas a la marginación y a la negación de los derechos de las comunidades”, por lo que recomienda a Cué Monteagudo “terminar con la impunidad por lo abusos a los derechos humanos cometidos en la región”.
    Kerrie Howard resalta en su carta no olvidar los agravios por la crisis política de 2006, año en que organizaciones sociales y maestros pidieron la renuncia del entonces gobernador, el priista Ulises Ruiz.
    La representante de Amnistía recordó que durante ese periodo documentó al menos “15 homicidios ilegítimos a consecuencia directa de la violencia en la ciudad de Oaxaca, además de cientos de casos de maltrato o tortura y de detenciones arbitrarias e incomunicadas”.
    También expresó a Cué Monteagudo su “esperanza de que su gobierno priorizará la agenda de derechos humanos”.
    Por otra parte, este viernes un centenar de indígenas y miembros de la AMAP acudieron a las oficinas del ACNUDH para pedir que presione al gobierno de Felipe Calderón, con el fin de que no queden en la impunidad los homicidios de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
    Martín Velásquez, vocero de la AMAP, destacó que en una reunión con los representantes diplomáticos María Luisa Vizcur y Jean Tomesek, se entregaron 3 mil 600 firmas de cien organizaciones y colectivos de todo el mundo para exigir que la ONU-DH dé seguimiento al caso y evite que el gobierno de México lo deje en la impunidad.
    Además, agregó el portavoz, se denunció la lentitud de las autoridades para hacer justicia, así como de la irresponsabilidad en la protección de los testigos de los asesinatos y la ausencia de voluntad para profundizar en las investigaciones de los grupos paramilitares que operan en la región triqui.
    Los inconformes se dirigieron más tarde a las oficinas de la Dirección General de Control Regional de Averiguaciones Previas de la PGR para conocer los avances de la indagatoria.
    David Peña, abogado de los familiares de las víctimas, informó que en reunión con Luis Ortiz, encargado de la investigación, se acordó mantener la coadyuvancia en el caso para perfeccionar la averiguación previa, toda vez que en agosto de este año, después de haber sido consignada ante un juez federal, ésta fue considera improcedente por las fallas que exhibía.
    Peña dijo que a los funcionarios de la PGR se les pidió ahondar las investigaciones sobre los grupos paramilitares que operan en la región triqui, y se acordó diseñar un mecanismo de protección para testigos, similar a las medidas cautelares.
    El abogado recordó que este último acuerdo ya se había hecho con el encargado de Relaciones Internacionales de la PGR, Guillermo Valls, pero que hasta ahora no ha sido aplicado.
Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), recordó que al menos 70% de la averiguación previa se ha construido con base en testimonios y pruebas aportados por familiares de las víctimas, y que a la PGR sólo le ha correspondido integrar algunos antecedentes penales, por lo que exigió que la dependencia federal fortalezca su trabajo de investigación para que las muertes de Cariño y Jaakkola no queden impunes.