OAXACA, Oax., 17 de diciembre (apro).- La secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, anunció que solicitará la intervención de las secretarías de Administración y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que se revise el contrato de arrendamiento de la empresa que contrató Ulises Ruiz Ortiz para construir el complejo de Ciudad Administrativa, debido a que incumplió con el equipamiento del inmueble.
          Añadió que si no cumple debe procederse a la cancelación del contrato.
          Luego de que trabajadores de base de la secretaría General de Gobierno se quejaron de que no hay condiciones para trabajar debido a que la administración de Ulises Ruiz no equipó ninguna de las áreas del complejo denominado Ciudad Administrativa, se realizó un recorrido, donde  se constató que no hay mobiliario, computadoras y papelería, entre otras cosas.
           El subsecretario Jurídico y de Derechos Humanos, Dagoberto Carreño Gopar, dijo que a través de la secretaria General de Gobierno se harán llegar estas observaciones al secretario de Administración para que revisen quiénes están al frente de esta área, para ver las sanciones que puedan hacerse contra la empresa y, en su caso, revisar si compete o no echar atrás ese contrato porque las condiciones no son las óptimas.
          Añadió: “Hay áreas completas que no tienen mobiliario; están vacías, y las que cuentan con mobiliario fueron rescatadas del área de bienes y servicios y con una vida de uso de más de 15 años”.
           Al recorrer las áreas de la subsecretaría de Gobierno, Desarrollo Político, Fortalecimiento Municipal, Derechos Humanos y Jurídica, se comprobó que el exgobernador Ulises Ruiz dejó el puro cascarón de lo que es la Ciudad Administrativa que, junto con ciudad judicial, tuvieron un costo de mil 857 millones de pesos.
            Dijo que, a pesar de que el contrato para la construcción de Ciudad Administrativa incluía no sólo la infraestructura en edificios, sino también en equipamiento, “lo que observamos es que en muchas áreas que no hay mobiliario, sino que fueron rescatados muebles de las bodegas y rehabilitados para ser utilizados en estas oficinas”.
             Indicó: “La gran mayoría de las computadoras es propiedad de cada uno de los trabajadores tanto de base como de confianza. Las compraron para desarrollar sus labores porque están en el dilema de o trabajan o los despiden”.
            El funcionario dijo que igual pasa con el parque vehicular, debido a que “desapareció casi toda la flotilla y la que dejaron está descompuesta. Desconocemos dónde están los vehículos que utilizaban los funcionarios del gobierno anterior”.
           Agregó: “Esto es parte de la revisión que habremos de informar a la contraloría para que se avoque a la investigación del uso-destino que tuvieron esos vehículos”.
           A su vez, el delegado sindical en la secretaría General de Gobierno, Felipe Salinas Bohórquez, afirmó que cuando se cambiaron a Ciudad Administrativa, hace tres años, “el gobierno de Ulises Ruiz se comprometió a equipar todo, pero nos mintió y se tuvieron que rescatar computadoras de hace 12 ó 15 años”.
            En tanto, el director general de Notarías, Luis Alfonso Silva Romo, denunció que han detectado el faltante de diversos libros de protocolo, donde se registran todos los actos jurídicos que, por ley, tienen que ser celebrados ante notario como un poder, una compra-venta, una donación o un testamento.
           “Eso significa que la seguridad jurídica de muchas personas está en riesgo. Es muy grave porque les pueden quitar un bien o inventar un testamento”, agregó.