Quiere el PRI prohibir uso de celulares en la policía de Veracruz

jueves, 25 de febrero de 2010

JALAPA, Ver., 25 de febrero (apro).- El fracción del PRI en el Congreso del estado, a través del diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó una iniciativa para prohibir el uso de equipos de radiocomunicación, teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación ajeno a los autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para evitar que el personal pueda dar el “pitazo” a la delincuencia sobre operativos en su contra.
En la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Seguridad Pública, turnada hoy a comisiones para su análisis y dictamen, el priista plantea adicionar el artículo 29 de dicha normatividad.
Con su propuesta de reforma, consideró necesario cerrar cada vez más las brechas y los huecos que han aprovechado los delincuentes para “realizar sus fechorías”, esto a pesar de que, aseguró, en Veracruz “la lucha contra la delincuencia ha sido frontal, implacable y feroz en los últimos cinco años”.
En el texto de la iniciativa el diputado local por Coatzacoalcos refirió que el combate a la inseguridad pública tiene que ser un trabajo compartido entre los tres niveles de gobierno, organizaciones empresariales, agrupaciones y sociedad civil en general.
En este caso, mencionó que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Coatzacoalcos le solicitó presentar una iniciativa en la cual se “prohibiera” a las corporaciones policíacas el uso de aparatos de comunicación ajenos a los proporcionados por la Secretaria de Seguridad Pública.
De esta manera, apuntó, “se podrá evitar infiltraciones de información o pitazos que favorezca a la delincuencia organizada”.
Señaló que su iniciativa toma como ejemplo el caso del estado de Nuevo León, “donde se implementó esta modalidad teniendo resultados favorables”.
Previo análisis y estudio realizado a esta propuesta, dijo, “resulta como consecuencia que esta medida es viable para la población”, ya que el principio de derecho que establece que el interés público está por encima de los intereses particulares como lo es en materia de seguridad.
A través de esta medida, argumentó, “no se violan las garantías individuales” de los miembros de las corporaciones, independientemente de lo “alarmante” en la infiltración de la delincuencia en los cuerpos policíacos, por lo que se hace necesaria la implementación de acciones para el caso.
El Congreso del estado de Nuevo León elevó la disposición a la aprobación de una adición a la Ley Estatal de Seguridad Pública para evitar que con dichos aparatos móviles “los policías puedan mandar mensajes o hacer llamadas personales pasando información confidencial de seguridad pública como son los operativos o cualquier otra acción contra la delincuencia”.

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