Campeche, Cam., 2 de marzo (apro).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) puso a disposición de un juzgado penal a cinco funcionarios de la dependencia, entre ellos el subprocurador Erick Uvence Cicler Zavala, por su probable responsabilidad en la muerte del taxista José Luis Flores Rosado ocurrido el pasado 3 de febrero dentro de las instalaciones de esa institución, en Ciudad del Carmen.
Los cinco servidores públicos, que se encontraban arraigados desde hace casi un mes en un hotel de esta capital, ingresaron la noche de ayer al Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén para enfrentar, entre otros, el cargo de ejercicio indebido del servicio público, con derecho a libertad provisional bajo caución.
Además del subprocurador, quedaron a disposición de la autoridad judicial Fausto Ramón Montejo Esteban, Carlos Rafael Tilán Chí y Alvar Guadalupe López Méndez, considerados probables responsables en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. El cuarto detenido, Celso Manuel Sánchez González, es señalado por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento.
Montejo Esteban y Tilán Chi fungían como director y subdirector de Averiguaciones Previas, mientras que López Méndez y Sánchez González tenían, hasta el pasado 8 de febrero, los cargos de director de Procesos y subdirector de la Policía Ministerial, respectivamente.
Ese día, los cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos mientras transcurría la indagatoria para el deslinde de responsabilidades.
Dentro de la averiguación previa C/AP/0419/2010 también se acreditó la presunta responsabilidad de los ahora expolicías ministeriales Jesús Ortiz Tun, Francisco Javier Vallejo Tun, Ángel Roberto Altamirano Aguilar y Jovany Andrés Alejo –todos prófugos–por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tortura.
De acuerdo con la PGJ, durante las pesquisas no se encontraron elementos para ejercer acción penal en contra de Edgar Caamal Cedasi y Carlos Guzmán Peña, agente del Ministerio Público y comandante de la Policía Ministerial, respectivamente, por lo que ambos fueron reivindicados y reinstalados en sus puestos.
En su informe, la dependencia precisa que “presumiblemente, por medio de su cargo y jerarquía, luego de enterarse del fallecimiento del taxista, (Cicler, Montejo, Tilán y López) trataron de manipular una averiguación previa”, pues “sin que mediara orden de aprehensión ni orden de detención por caso urgente, ni siquiera de localización y presentación, la víctima fue conducida a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en la isla, lugar en el que fue objeto de dolores y sufrimientos graves que lo condujeron a la muerte y que le fueron infligidos con el fin de obtener una información o confesión relacionada con una averiguación previa iniciada por el delito de robo”.
En cuanto al comandante Sánchez González, el texto detalla que “se encontraron elementos que permiten advertir que no cumplió con la responsabilidad inherente a sus funciones, pues ante los flagrantes acontecimientos –tortura y fallecimiento del taxista– no procedió al aseguramiento” de los cuatro expolicías ministeriales que lograron evadir la acción de la justicia y ahora son buscados en todo el país.