JALAPA, Ver., 5 de marzo (apro).- Con la aprobación de las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte, el Congreso local autorizó al Ejecutivo estatal a “ordenar de manera ordenada y motivada” la requisa del servicio público urbano y de los servicios auxiliares en Veracruz, con el propósito de garantizar la prestación del servicio público y satisfacer las necesidades de la población en la entidad.
    El gobierno del estado podrá aplicar esta medida en casos de desastre natural, alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la población y la seguridad interior del estado; cuando prevalezca el deterioro de la calidad del servicio, seguridad oportuna, permanencia o continuidad en la prestación del servicio.
    De acuerdo con las reformas aprobadas en 10 artículos de dicha ley y diversas adiciones, el Congreso local autorizará las tarifas a las que se sujetará la prestación del transporte público en las modalidades de urbano, suburbano y foráneo. Esta facultad que actualmente es competencia del Ejecutivo estatal.
    En la ley, se adicionó un capítulo con dos artículos para introducir la figura jurídica de la requisa, como una medida de seguridad para los usuarios, dijo el disuado Adolfo Tress.
    La requisa está definida como “la ocupación temporal de un bien; no es una expropiación”, aclaró el legislador, quien agregó que ésta se aplicará en términos de ley.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el gobierno del estado podrá indemnizar a los concesionarios afectados hasta 50% de los daños que la requisa les hubiere causado, y se cubrirá en base a un avalúo que realizará la Dirección General de Tránsito y Transporte en un plazo máximo de 90 días
    Esta figura jurídica, refirió, está prevista en las leyes de otros estados como San Luis Potosí y Nuevo León, y lo que se pretende con las reformas planteadas a la ley en Veracruz, es establecer elementos legales que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos para que los concesionarios presten un servicio de calidad, suficiente y rentable.
    Con esta reforma, señaló Tress, uno de los autores de la iniciativa turnada al pleno legislativo, se tomó la decisión de que la ley contemple un incremento al concluir cada ejercicio fiscal derivado de la inflación que señala el Banco de México.
    También se establecen sanciones para los choferes o concesionarios del transporte que incurran en el delito de homicidio o lesiones contra usuarios y ciudadanos, y para ello se estableció el pago inmediato de indemnizaciones de entre 2 mil y 4 mil salarios mínimos vigentes en la capital del estado.