JALAPA, Ver., 15 de abril (apro).- Al emitir una alerta sobre los efectos ocasionados por el cambio climático en Veracruz, Manuel Molina Martínez, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que los municipios más afectados en esta entidad son Chachalacas, Tecolutla, Alvarado, Tuxpan, Boca del Río y Veracruz, donde el mar está invadiendo zonas ejidales y propiedades privadas.
    Dijo que esto ha obligado a realizar acciones para delimitar zonas federales, con el fin de evitar que ejidatarios, comerciantes y empresarios se vean más afectados, ya que hay zonas que han sido invadidas por las aguas marinas “hasta la cocina”.
    Durante el foro “Tenencia de la tierra en la zona federal marítimo terrestre y sus áreas colindantes”, Molina señaló que la falta de una legislación costera ha provocado que agrupaciones políticas, empresarios y hasta funcionarios, “invadan terrenos” ubicados junto al mar, lo que impide que los ayuntamientos tengan una buena recaudación por su explotación.
    El objetivo de este foro, explicó, es establecer las bases para impulsar un programa estatal costero, “para proteger la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros”, mediante la coordinación interinstitucional y la participación de todos los actores involucrados, incluidas las autoridades municipales.
    Dijo que en un estado donde hay 900 kilómetros de costas de zona federal, marítimo, terrestre y lagunas, “llega a haber traslapes, empalmes y problemas de ocupaciones irregulares en las playas, hasta autorizaciones que sin dolo puede dar una autoridad municipal sin que sea su competencia, o escrituras de propiedad privada que invaden zona federal”.
    Indicó que a esto se suma la falta de indemnización, la entrega de títulos ejidales que conceden derechos que invaden zona federal, lo que, dijo, ha generado todo tipo de problemas, por lo que es urgente poner orden acatando la ley, sobre todo en zonas donde el mar “ya está ganando terreno”.
    Dijo que este tipo de acciones se realizarán primero en Veracruz y luego en el resto del país, y precisó que en por lo menos en ocho regiones de esta entidad, el mar está ganando terreno en ejidos y propiedades privadas, sobre todo en Chachalacas, Tecolutla, Tuxpan, Alvarado, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos.
    El funcionario dijo que se están prohibiendo construcciones en zonas costeras,  a unos 20 metros de distancia del mar, ya que “hay manchones urbanos en esa regiones que se los empieza a comer el Golfo de México, pues el mar está cobrando cada vez más espacios debido al cambio climático”.
    Molina subrayó que los ordenamientos legales en esta materia están desfasados al no existir en México una legislación de costas como en otros países, mediante la cual se prohíban construcciones de cualquier tipo a partir de los 100 metros de distancia de la línea de la costa.
    Afirmó que algunos propietarios de terrenos, edificios y otros inmuebles, ya perdieron sus bienes, porque si anteriormente estaban muy retirados del mar, ahora la movilidad del agua provocó que estén dentro de las aguas marinas, por lo que “pasan a ser propiedad federal, aunque tengan escrituras o títulos de propiedad”.
    Por su parte, el director de Zonas Federales, Marítimas y Terrestres de la Semarnat, José Luis Gutiérrez Miranda, consideró que Veracruz podría tener ingresos anuales de 60 millones de pesos, pero sólo recaba 13 millones en promedio, debido a que de 31 municipios costeros, sólo 20 reportan ingresos.
    Señaló que, debido al cambio climático y al calentamiento global, el mar está ganando terreno a los litorales costeros y, en algunos casos “con mayor agresividad”, como es el caso de los estados colindantes con el Golfo de México y el Caribe, como  Tabasco y parte de Veracruz, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    En el foro, al que asistieron autoridades de los 31 municipios costeros veracruzanos, participaron representantes de la Semarnat, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Secretaria de la Reforma Agraria, y se planteó la necesidad de revisar la Ley General de Bienes Nacionales para ampliar el rango de prohibición de construcción en dichas zonas.