JALAPA, Ver., 26 de abril (apro).- El Congreso local dio entrada a la solicitud de desafuero contra el alcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán, enviada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que responda por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
    Con el voto de la mayoría del Revolucionario Institucional, se aprobó la solicitud del titular de la PGJE, Salvador Mikel Rivera y, con ello, se inició de manera formal el juicio de procedencia contra el edil priista y que, sin embargo, en la víspera públicamente manifestó su apoyo al candidato panista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares.
    Incluso la PGJE remitió al Congreso local la “investigación ministerial” iniciada contra el presidente municipal de Pánuco “por el probable delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal”.
    La PGJE argumentó que la solicitud a la Legislatura local tiene como  “finalidad el que se inicie juicio de procedencia en términos de lo dispuesto en la ley de juicio político y proclamación de procedencia para el estado de Veracruz”.
    Luego de que la mayoría priista voto a favor de darle entrada a dicha solicitud, el panista Rafael Sánchez Hernández solicitó copia certificada del documento enviado por la PGJE, “con el propósito de que la oposición pueda analizarlo con mayor profundidad”, subrayó.
    El legislador local del PAN no descartó que esta medida tenga carácter de “revanchismo político”, luego que el alcalde de Pánuco hizo públicas sus simpatías a favor del panista Yunes Linares.
    En la tribuna, Sánchez Hernández acusó a las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Fidel Herrera, de pretender meter a la cárcel a García Guzmán “por el simple hecho de haber renunciado al PRI y haberse sumado al candidato del PAN al gobierno de Veracruz”.
    Por su lado, la también panista María de los Ángeles Sahagún exigió a Mikel Rivera actuar con “la misma prontitud” en peticiones similares, como es el caso de los priistas Juan Lavín de Córdoba y Nelson Votte de Ixtaczoquitlán.
    También cuestionó al titular de la PGJE sobre el rezago en las investigaciones relacionadas con los 36 ediles denunciados penalmente por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), por presuntamente haber incurrido en daño patrimonial en sus haciendas municipales en la Cuenta Pública 2005.
    Desde hace tres años, subrayó, por instrucciones del pleno del Congreso local, el Orfis interpuso las denuncias penales correspondientes, sin embargo, es la fecha que la PGJE no ha actuado contra ninguno de los alcaldes involucrados en presuntos malos manejos del erario.
    El alcalde de Pánuco, recordó Sahagún, fue denunciado hace poco más de un mes por ediles priistas de ese ayuntamiento del norte del estado, a quien señalan de haber desviado recursos por un monto de 12 millones de pesos y, en este caso, “la Procuraduría actúo rápidamente, lo cual resulta extraño y sospechoso”.
    No obstante, la diputada panista mencionó que mientras los ediles priistas hablan de un presunto desvío de 12 millones de pesos, en la solicitud de juicio de procedencia de la PGJE se acusa al alcalde de un presunto faltante de sólo 2 millones.
    La solicitud de la PGJE para iniciar juicio político contra el alcalde de Pánuco fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Gobernación, para su estudio y dictamen.
    Por otra parte, en la misma sesión, un grupo de pobladores de Ixtaczoquitlán manifestó su rechazo al regreso del alcalde Nelson Votte, quien había solicitado licencia para separarse del cargo y contender en el proceso interno del PRI en la selección de sus candidatos a diputados locales.
    En su protesta, los inconformes portaron pancartas con la leyenda “Votte al bote”, sin embargo, la mayoría priista autorizó al alcalde a reincorporarse a sus funciones luego de haberse separado del cargo por 98 días.
    Los quejosos señalaron que existen doce denuncias penales en contra del edil, ocho de las cuales están relacionadas con delitos de extorsión, dos por falsificación de firmas, una por amenazas y otra por presunto daño patrimonial en agravio de la hacienda municipal por 5 millones de pesos.
    A estas denuncias de carácter penal, se suma el presunto desvío de recursos por 2 millones de pesos detectado en las auditorías practicadas por el Orfis a la Cuenta Pública 2008.