CAMPECHE, Cam., 7 de junio (apro).- Los líderes del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional (AI), salieron en libertad bajo fianza después de 11 meses en prisión.

Los tres activistas del municipio de Candelaria fueron encarcelados el 10 de julio del pasado acusados de privar de la libertad a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de obstruir la realización de una obra pública.

En enero pasado, un Tribunal Unitario ordenó reclasificar los delitos o dejarlos en libertad por considerar insuficiente la evidencia. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la resolución.  

Los tres detenidos, también integrantes de La Otra Campaña que encabeza el subcomandante Marcos, salieron en libertad bajo fianza la tarde del domingo, luego de que finalmente les fueron reclasificados los delitos, empero continúan sujetos a proceso penal.

“Con nuestra libertad hemos derribado paredes y muros de injusticia con los que el gobierno federal nos mantuvo cautivos desde hace once meses”, declaró entre sollozos López González a su salida del penal de San Francisco Kobén.

Ante decenas de vecinos de Candelaria, la dirigente del movimiento de resistencia, quien durante su estancia en prisión recibió un premio por su lucha a favor de los derechos humanos, advirtió que su encarcelamiento no la amedrentará y reencauzará su activismo con más valor y decisión.

El abogado David Peña Rodríguez explicó que el Tribunal Unitario de Campeche ordenó la reclasificación del delito y se dictó un nuevo auto de formal prisión, pero por privación ilegal de la libertad en su modalidad simple, lo que hizo posible que los activistas recuperaran su libertad bajo fianza.

Dijo que durante el desarrollo del proceso, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja deben acudir al juzgado a firmar dos veces al mes; sin embargo, ya tramitan una solicitud de amparo contra el nuevo auto de formal prisión.

Peña Rodríguez acusó al juez de la causa, Mario Toraya, de haber actuado por consigna, pues nunca se les probó la privación ilegal de la libertad del funcionario de la CFE ni la obstrucción de una obra pública.

Recordó que la resolución favorable la obtuvieron desde enero, pero la PGR apeló el fallo, y los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XIV Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, rebasaron el plazo legal de 30 días para resolver, por lo que finalmente el viernes pasado el Tribunal Unitario de Campeche ordenó la reclasificación del delito.

E Insistió en que la CFE “fabricó” los delitos –en complicidad con la PGR-- contra los tres activistas por haber promovido el no pago del servicio en protesta por los excesivos cobros de la paraestatal, y con ello amedrentar a los consumidores que siguieran su ejemplo.