QUERÉTARO, Qro., 9 de junio (apro).- Regidores de los partidos PRI, Panal y PVEM en este ayuntamiento denunciaron penalmente al exsecretario de Servicios Municipales, Alejandro González Valle, por un presunto quebranto patrimonial de 47 millones de pesos.

Alejandro es hermano de Manuel González Valle, exalcalde de esta ciudad y aspirante perdedor a la gubernatura en las elecciones internas del año pasado. Le ganó el priista José Calzada Rovirosa.

Según la denuncia interpuesta por el PRI y sus aliados, el exfuncionario municipal celebró contratos irregulares con un consultor, lo que derivaría en un desfalco que, de inicio, se estima en 47 millones de pesos.

González Valle ocupó la Secretaría de Servicios Municipales de Querétaro, desde que la capital del estado era gobernada por Armando Rivera (2003-2006); posteriormente, con su hermano Manuel González Valle, quien lo ratificó en el cargo y luego se lo llevó como operador político durante su campaña para gobernador.

González Valle se vio envuelto en un escándalo por razones similares a las actuales poco antes de que dejara la alcaldía para ser candidato a gobernador, cuando se descubrió y publicó que una empresa en la que participaba como accionista –Concremas-- fungió como proveedora del municipio para diversas obras.

El regidor y presidente del PRI estatal, Braulio Guerra Urbiola, acudió a la Procuraduría General de Justicia del estado acompañado por sus compañeros de Cabildo Alejandro de los Cobos y Mauricio Ortiz, del PRI, así como Tonatiuh Granados, de Nueva Alianza, y Yairo Marina Alcocer, del Partido Verde.

En las puertas del edificio de la PGJ, el grupo de regidores informó que de acuerdo con la revisión que hizo el despacho externo contratado para la entrega-recepción de la administración municipal y los documentos posteriormente solicitados al actual alcalde Francisco Domínguez –del PAN-- el hermano del excandidato acordó con un contador externo gestionar la recuperación de montos por concepto del derecho de alumbrado público de la Comisión Federal de Electricidad al municipio.

Estos convenios, efectuados entre el 2007 y el 2009 (cuando Manuel González fue presidente municipal), incluían cláusulas en las cuales se establecía que el gestor, de nombre Ricardo Latorre Camargo, cumpliría con las funciones encomendadas a través del Secretario de Servicios Municipales (Alejandro González Valle), a pesar de que éste no contaba con la personalidad jurídica para ello, además de que recibiría 30% de las cantidades que fueran reintegradas al municipio por el derecho de alumbrado.

"Tenemos contratos de 2007, 2008 y 2009 firmados por Alejandro y por sus sucesores en la Secretaría de Servicios Municipales, funcionarios sin representación jurídica, que negociaron con un gestor de nombre Ricardo Latorre Camargo, quien supuestamente tiene un despacho en Colón. Encontramos facturas por montos millonarios, sin licitación alguna; este contador estuvo facturando en una negociación ilegal”, señaló el presidente del PRI estatal Braulio Guerra.

Sólo en el 2009, se encontró que por derecho de alumbrado el gobierno municipal recuperó 37 millones de pesos, de los cuales alrededor de 12 millones le fueron entregados al “gestor” Latorre Camargo.

Luego de que el despacho internacional que detectó las anomalías informó al ayuntamiento que los contratos mencionados causaron un daño a las finanzas públicas del municipio, se han encontrado facturas por 47 millones de pesos, “pero faltan más y seguimos buscando”, aclaró el dirigente del tricolor.

"No existe justificación alguna para que a un gestor se le trate de esta manera”, añadió, al señalar que tampoco fue posible corroborar el domicilio del despacho del gestor, puesto que éste no fue localizado en el municipio de Colón, como lo asentó en los contratos.

Los regidores anunciaron que cuentan con información de que este mismo tipo de contratos se pudieron dar también en la administración 2005-2007 con Armando Rivera, por lo que pedirán a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores  Públicos rastrear esos antecedentes durante la investigación que se efectúe para deslindar responsabilidades de tipo penal.