Maestros y appistas quieren una comisión de la verdad

martes, 10 de agosto de 2010

OAXACA, Oax., 10 de agosto (apro).- Encabezados por el diputado electo Flavio Sosa, activistas y dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) instalaron un plantón en el Centro Histórico de esta ciudad y exigieron la creación de una “comisión de la verdad” sobre los sucesos ocurridos en 2006.

Además, anunciaron el inicio de una jornada de movilizaciones para evitar que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz sea exonerado en un “juicio simulado” por el Congreso local, cuya mayoría es priista.

De acuerdo con Sosa, lo que buscan los diputados priistas es evitar que Ruiz sea juzgado por los delitos que cometió en 2006. Lo que pretenden, insistió, es hacer valer aquella máxima jurídica de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Por separado, el secretario general de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi, anunció que presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) una nueva denuncia contra Ruiz Ortiz por las graves violaciones a los derechos humanos y los más de 20 asesinatos cometidos durante y después del conflicto sociopolítico de 2006.

Además de ir la PGR, agregó, acudirán al Congreso de la Unión y a las instancias de derechos humanos para exigir “castigo ejemplar a Ulises Ruiz Ortiz y sus cómplices”.

Para ello, dijo, “el magisterio oaxaqueño aportará todas las pruebas que se tienen y que incluyen testimoniales, fotografías y videos”.

Santiago Chepi mencionó que la demanda jurídica que presentará el Comité Ejecutivo Seccional que representa a los 74 mil maestros de Oaxaca incluye “la exigencia del castigo a los responsables de los asesinatos y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 2006 a la fecha, porque todavía hubo intimidación y persecución a luchadores del movimiento social, que está en una etapa de rearticulación”.

El dirigente sindical detalló que en la denuncia se acusa directamente al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza, así como a los exsecretarios generales de gobierno, Jorge Franco Vargas, Heliodoro Díaz Escárraga y Lino Celaya Luría, y al exdirector de la policía ministerial, Manuel Moreno Rivas, entre otros.

“A cuatro años de la represión al pueblo de Oaxaca, sigue habiendo un pendiente y muchas cuentas que saldar con las familias de los caídos, los presos políticos y los desaparecidos”, añadió.

Y aun cuando existe un aparente clima de tranquilidad en el estado, con unas elecciones que abren la posibilidad de tener una mejor sociedad y mejor gobierno, expresó, “mantenemos la exigencia de justicia y castigo a los responsables”.

Sobre el intento de los diputados locales de realizar “un juicio político simulado” para absolver a Ulises Ruiz Ortiz de todos los daños causados al pueblo de Oaxaca, opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya dio su veredicto y la sociedad sabe quién es el asesino”.

De acuerdo con Santiago, la asamblea estatal del magisterio de Oaxaca, programada para el próximo sábado 28, será la que defina la fecha en que se presente la denuncia contra Ulises Ruiz, misma que irá acompañada de una movilización.

Asimismo, dijo que si el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, quiere darle una lectura palpable y de certidumbre a la sociedad oaxaqueña, “la mejor forma es fincarle responsabilidad a Ulises Ruiz Ortiz por las graves violaciones que cometió e incluso por enriquecimiento ilícito”.

En tanto, familiares e integrantes de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos realizaron un ayuno de cinco horas, a un costado de la Catedral de Oaxaca, para exigir castigo a los asesinos materiales e intelectuales de José Jiménez Colmenares, ejecutado el 10 de agosto de 2006.

Alrededor del altar, con la fotografía de Jiménez Colmenares, fueron colocadas varias veladoras y pancartas con diversas consignas, entre ellas: “Exigimos a la PGR el arraigo a Ulises Ruiz Ortiz”, “Diputados, no se conviertan en cómplices”, “Justicia a los asesinados del conflicto popular y magisterial de 2006” y “No al juicio político disfrazado”.

El ayuno estuvo encabezado por la profesora Florina Jiménez Lucas y Gerson Jiménez Jiménez, viuda e hijo de José Jiménez Colmenares, así como por el presidente del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo), Porfirio Domínguez Muñoz, y el coordinador de la Comisión Magisterial de la Sección 22 del SNTE, Eliel Miguel González Luna.

También se sumaron los expresos políticos Miguel Ángel Matus y Juan Manuel Martínez Moreno, además del profesor César Pérez López y Liliana Tejada.

En entrevista, la viuda de Jiménez Colmenares rechazó el “juicio político disfrazado” que pretende realizar la mayoría priista en el Congreso local, “con el único propósito de proteger a Ulises Ruiz Ortiz de la justicia que exigimos por todos los crímenes que cometió durante su régimen autoritario y usurpador”, dijo.

Al conmemorarse el cuarto aniversario luctuoso de la “ejecución extrajudicial” de su esposo, Florina Jiménez reiteró que fueron elementos de la policía preventiva del estado de Oaxaca quienes lo ultimaron.

El asesinato de José, agregó, fue “selectivo” y “conspirado” debido a que el 2 de julio de 2006, “movido por la indignación y el repudio a la hipocresía gubernamental, gritó consignas en contra de Ulises Ruiz Ortiz en su presencia. Este es el antecedente previo a su ejecución”, puntualizó.

En el expediente de la indagatoria, precisó, hay constancia de las credenciales de identificación aseguradas a los ejecutores del homicidio, y confirman que son elementos de la segunda compañía del Quinto Batallón de la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Sin embargo, añadió, por la complicidad que existe entre las procuradurías General de la República y del estado de Oaxaca, los policías estatales fueron liberados.

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