OAXACA, Oax., 16 de agosto (apro).- El presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), Heriberto Antonio García, denunció que la intolerancia religiosa persiste en esa entidad. Añadió que en el presente año el organismo lleva registrados al menos ocho casos.

El ombudsman estatal consideró “preocupante que, en pleno siglo XXI, existan todavía casos de intolerancia religiosa, donde un grupo de personas arrogándose este derecho de tener la verdad, le imponen a otras de manera coactiva acciones que incluso llegan la expulsión de familias de la comunidad”.

Las autoridades señaladas son el agente municipal de Santo Domingo Yojovi, perteneciente a San Andrés Solaga, donde se incurrió en abuso de autoridad porque el agraviado se negó a ser mayordomo de una festividad católica.

Mientras que el agente municipal de San Miguel Suchiltepec, perteneciente a Yautepec, ordenó se le suspendieran los servicios básicos a un evangelista.

En tanto que el agente municipal de Santiago Teotlasco privó de su libertad a una persona que se negó a cooperar con la comunidad en un acto religioso, delito en que también incurrieron las autoridades de Santa María Apasco, Etla, Ixtlán de Juárez, San Andrés Yaa y Santa María Atzompa.

A ello se suma la queja que interpuso Magdaleno Marín Ruiz en contra de la autoridad municipal de Santa María del Mar por intolerancia religiosa, debido a que se negaba a cumplir con su función de topil (policía comunitario).

Sin embargo, gracias a la mediación del visitador de Tehuantepec, Octavio César Domingo, se solucionó el problema al acordarse de que el afectado pague a otra persona para que realice la vigilancia.

Heriberto Antonio García reiteró que, a pesar de ser considerado como un tema constitucional superado, la intolerancia religiosa persiste en la entidad.

Insistió en que “a nadie se le puede imponer qué religión debe profesar, debido a que constitucionalmente existe esa garantía de profesar o practicar la religión que se desee”.

Por último, detalló que la CDDHO promueve mesas de diálogo con las autoridades señaladas para que a partir de esos hechos denunciados se realicen cursos, charlas y capacitaciones en la materia, con la única finalidad de evitar ese tipo de abusos a las garantías individuales.