OAXACA, Oax., 4 de agosto (apro).- Diputados locales y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos condenaron la “actitud persecutoria” del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz contra el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez.

El catedrático de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Mario Hernández Martínez, manifestó que “la tendencia actual del gobierno del estado ha sido la de criminalizar la protesta social, haciendo aparecer a personas que organizadamente defienden los derechos humanos como promotores de desórdenes y delitos”.

Por ello, dijo, el movimiento ciudadano decidió denunciar públicamente el acoso sistemático del que han sido objeto los sacerdotes católicos Martín Octavio García Ortiz y Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, este último coordinador de la Comisión Diocesana de Paz y Justicia.

De acuerdo con Hernández Martínez, el delito de los sacerdotes es porque “se han distinguido por su defensa de los derechos humanos de quienes menos tienen, así como de las comunidades marginadas del estado, promoviendo la solución pacífica de los conflictos y orientando a personas para el arreglo de las diferencias en justicia y equidad”.

Como parte de Iniciativa Ciudadana por la Transición y la democratización del estado de Oaxaca, el también integrante del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” exigió a las autoridades “el cese de todo acto de hostigamiento en contra de los dos sacerdotes”.

Asimismo, responsabilizó a Ulises Ruiz Ortiz “de todo acto ilegal o hecho lesivo que ocurra en perjuicio de los clérigos”, y adelantó que hará llegar la denuncia a las diferentes instancias defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

Por separado, la diputada local del PRD, Guadalupe Rodríguez Ortiz, cuestionó el “clima de linchamiento” de algunos medios de comunicación contra los sacerdotes católicos, de manera puntual contra el presbítero Martín y el padre ‘Uvi’.

Rodríguez mencionó que el periódico Despertar  ha señalado al padre ‘Uvi’ como generador de la violencia en San Juan Copala, y “nosotros creemos fundadamente que este clima de linchamiento es propiciado desde el estado para intimidar y limitar la acción que el padre realiza en defensa de los derechos humanos en la comunidad triqui y en todo Oaxaca”.

Por ello, agregó, los miembros de la iniciativa ciudadana condenamos el uso faccioso desde el poder para tratar de culpar a gente que no tiene nada que ver con la generación de la violencia y que más bien “ha jugado un papel preponderante al resolver conflictos que ni la propia autoridad ha podido”.

El padre Martín Octavio, quien fue secuestrado y torturado por un grupo de priístas, aparece en calidad de indiciado en una averiguación previa que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado, y lo señala como autor intelectual de los hechos violentos que se registraron en junio pasado en el municipio de San José del Progreso, donde perdieron la vida dos personas.

En tanto, al sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el padre ‘Uvi’, se le hace aparecer como instigador de desórdenes sociales y de estar unido a gente que promueve la violencia.