Denuncian por acoso sexual a funcionario municipal de Guanajuato

viernes, 10 de septiembre de 2010

GUANAJUATO, Gto., 10 de septiembre (apro).- La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente de queja en contra del director del Sistema Municipal de Agua Potable de Silao (SAPAS), Jesús Barrón Aviña, luego de que ocho empleadas lo denunciaron penalmente por el presunto delito de acoso sexual.
    Debido a ello, el alcalde panista Juan Roberto Tovar debió aceptar una medida precautoria dictada por el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera por la que se garantizan las condiciones laborales del personal del SAPAS, a quienes el director ordenó despojados de computadoras, teléfonos y radios.
    El diario local Correo reveló que dos trabajadores del organismo fueron despedidos por el titular luego de que éstos respaldaron a sus compañeras en la denuncia interpuesta contra el funcionario municipal.
    Por ese motivo, la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió el expediente de queja 240/10-A por ejercicio indebido de la función pública, el pasado 30 de agosto.
    Luego las ocho empleadas del SAPAS ratificaron su queja en contra de Jesús Barrón, por lo que el ombudsman estatal proseguirá con las investigaciones después de ordenar la medida precautoria.
    Por su parte, personal de la Procuraduría de Justicia corroboró que a las empleadas y otros trabajadores les fueron retirados los radios que tenían asignados; les modificaron sus funciones laborales, y se les retiraron las computadoras que utilizan cotidianamente para sus actividades en las oficinas, cuyo acceso y servicios también fueron restringidos en los últimos días.
    El director pretendía impedir que el personal continuara con la denuncia por hostigamiento sexual.
    Al aceptar la medida precautoria, el alcalde Juan Roberto Tovar instruyó a la Dirección de Recursos Humanos y a la Contraloría municipales para que supervisaran que el personal  pueda desempeñar sus labores con normalidad y en apego a sus derechos.
    En un comunicado, la PEDH precisó que “es obligación del Estado abstenerse de incurrir en cualquier acto o práctica que pudieren afectar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y, en el caso en concreto, se advierte que las personas inconformes, las mujeres víctimas y los hombres que les apoyaron, fueron objeto de actos que vulneraron sus condiciones de trabajo, sin que exista hasta el momento una justificación legal suficiente al respecto”.

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