Con el aval del congreso, Fidel Herrera privatiza el puerto Tuxpan II

martes, 14 de septiembre de 2010

JALAPA, Ver., 14 de septiembre (apro).- Con el voto mayoritario del PRI, el Congreso del estado autorizó al gobernador Fidel Herrrera Beltrán otorgar a tres empresas privadas –una de ellas de origen español-- los derechos de construcción, operación y explotación del puerto Tuxpan II, pese a las insconsistencias jurídicas dectadas en el proyecto.
    La mayoría priista aprobó el dictamen que otorga a la empresa API Sistema Portuario Veracruzano S.A. de C.V., la facultad para formalizar la cesión de derechos sobre el título de concesión otorgada el gobierno estatal hace dos años por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Durante el debate, se exhibieron diversas inconsistencias jurídicas en el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda del estado. Una de éstas, el plazo de concesión: mientras por un lado el mismo dictamen señala que será gradual, en otra parte, que será en su totalidad por un lapso de 40 años.
En principio, el panista Marco Antonio Núñez señaló que el gobierno federal, a través de la SCT, cedió estos derechos a la empresa de participación estatal, mayoritaria del gobierno del estado de Veracruz, API Sistema Portuario Veracruzano SA de CV y al ayuntamiento de Tuxpan para la operación de dicho puerto.
Planteó analizar primero la jurisdicción para autorizar el dictamen, pues recordó que  la ley de puertos establece que todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, estará sujeto a la competencia de los poderes federales.
“Si se argumenta que poseer una concesión parcial de derechos se está enajenado de alguna manera patrimonio estatal, debemos recordar que ésta no genera un derecho real sobre los bienes, ya que por su naturaleza éstos son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, refirió el panista.
Señaló que el gobierno del estado, mediante la constitución de la empresa paraestatal, “la concesionaria no es dueño o tiene derecho real alguno sobre los bienes propios derivados de la concesión, por tanto no puede afectarlos de cualquier manera, menos mediante acuerdo del Poder Legislativo local, ya que no es patrimonio estatal, sino que es materia federal”.
Este dictamen, refirió, señala una cesión parcial de derechos, figura establecida en la Ley de Puertos federal para que pueda ceder parcialmente algún servicio a un particular mediante una relación mercantil, sin embargo, en otra parte, “dice que la API se comprometió a ceder los derechos en su totalidad”, por lo que, agregó, “se está disfrazando mediante una ficción de cesión parcial, lo que significa fraude a la ley”.
Por su lado, el convergente Sergio Vaca Betancourt, dijo que aunque el proyecto es “muy bonito” y si fuera bien manejado detonaría la creación de empleos en el norte de la entidad, “el trámite se hizo al revés”, ya que al ser una concesión federal primero se tenía que recabar la anuencia de poder ceder esos derechos y, después tramitarlo al Congreso local.
“Nosotros vamos a legitimar algo que en este momento no es de nuestra incumbencia y después van a ir a pedir que les autoricen el gobierno federal cederlo. En términos coloquiales, es como si una señora diera a luz antes de embarazarse, eso no es posible”, apuntó el legislador por Convergencia.