OAXACA, Oax., 21 de septiembre (apro).- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió una recomendación a diferentes instancias del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, por los sucesos en el municipio autónomo de San Juan Copala.
Dirigida a las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y de Salud, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, el Instituto Estatal de Educación Pública y el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, en dicha recomendación el ombudsman oaxaqueño le pide al mandatario estatal atender de manera inmediata el conflicto en dicho ayuntamiento y le exige proceder administrativa o penalmente contra los servidores públicos que, por omisión, han propiciado la violencia en la región triqui.
A la Secretaría General de Gobierno que encabeza Evencio Nicolás Martínez Ramírez, se le pidió que realice las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región Triqui que permitan restaurar el orden, la paz social y la convivencia armónica entre sus pobladores.
En tanto, a la Secretaría de Seguridad Pública, al mando Javier Rueda Velázquez, la exhortó a que “implemente, dentro del ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia”.
Además, le solicitó ejecutar las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, “a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, y en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito”.
La CCDHO que preside Heriberto Antonio García, aclaró que “si dentro del plazo de 15 días no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndoles las sanciones que resulten aplicables…”
A la Procuraduría General de Justicia laria Chiñas, la Comisión pidió que los fiscales del Ministerio Público aceleren la integración de expedientes y la investigación para determinar, en un plazo de 30 días hábiles, a los responsables de los asesinatos, lesiones y otros delitos cometidos en la región triqui.
En caso de no cumplirse, solicitó que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes.
Por lo que se refiere al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, lo conminó a que realice todas aquellas actividades que conduzcan a una relación armónica entre el municipio y sus agencias, privilegiando para ello el diálogo.
En tanto que a la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se les conminó a que brinden la seguridad necesaria al personal médico y educativo asignado a la zona en conflicto, para que puedan restablecerse dichos servicios.