TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 23 de septiembre (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) clausuró 11 bancos de grava y arena en la montaña del “Cerro Salsipuedes” de San Cristóbal de Las Casas, cuya explotación ha puesto en riesgo una vasta región boscosa de pinos y las viviendas de miles de personas que viven en sus alrededores.
             Aun cuando la medida ha sido cuestionada por quienes reclaman la cancelación de todas las concesiones, el gobierno del estado, a través de Semavihn, ordenó verificar los 11 sitios que se encuentran en el banco de grava más grande del estado, desde donde se surten material no sólo para obras de la entidad, sino para otras del sureste de México.
             La dependencia dijo que, como resultado de este trabajo, se procedió a la clausura de dichos bancos, debido a que operan sin la autorización correspondiente.
             Señaló que los lugares que han sido clausurados corresponden al banco de extracción de materiales pétreos ubicados en el “Cerro Salsipuedes” propiedad de Víctor Isaac Ramos Herrera, Matilde Rey Porras Cruz y Alberto Mario Reyes Morales.
             Añadió que en el lugar conocido como “Las Comaleras” se clausuró el banco de grava propiedad de Julio César Carballo Morales y los hermanos Benito,  Francisco y Genaro Hernández Flores.
            Además, señaló, los bancos ubicados en el Campo La Pera II, propiedad de Carlos Ciriaco Hernández Estrada; el de la colonia “El Cascajal”, de Aymer Martín Liévano y José Benito Martínez Pérez, así como el predio denominado “Corral de Piedra”, propiedad de Sabino Martínez Ozuna, que también incumplían con la normatividad ambiental.
             La dependencia dijo que la clausura de estos bancos se realiza como una medida precautoria, en tanto se determinan las sanciones que se les impondrá por operar violando la norma ambiental y omitir las acciones de mitigación correspondientes.
            Agregó que con el fin de que se cumpla la legislación en la materia, se continuará con el programa de verificación de manera permanente, para evitar que la extracción genere afectaciones a los recursos naturales en los municipios de la entidad.
            Dijo que, además, se buscará un esquema de atención para la restauración del ecosistema dañado.
            Ayer, activistas denunciaron “la brutal extracción de material pétreo en la zona del Cerro Salsipuedes-Las Peras, por parte de más de 50 empresas que operan sin permisos de cambio de uso del suelo y de remoción de la vegetación forestal”.
            Los activistas, miembros del movimiento “Salvemos a San Cristóbal de Las Casas”, indicaron que “se está violando el estado de derecho, debido a que esas acciones depredadoras van en contra de preceptos jurídicos, como las leyes general y estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la de Desarrollo Forestal Sustentable”.
           Alejandro Ruiz Guzmán, Miguel Ángel García y Socorro Zebadúa, entre otros activistas, consideraron que la clausura de los bancos de grava es apenas el inicio para solucionar el problema.