Ombudsman de Veracruz niega vínculos con sacerdote pederasta

martes, 25 de enero de 2011

JALAPA, Ver., 25 enero (apro) Luego de rendir la protesta de ley ante el Congreso local, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Perera Escamilla, negó haber participado en la defensa jurídica del sacerdote Francisco Muñiz López, quien es acusado por la procuraduría general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de delitos sexuales.
    A pesar de que en la víspera el vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Sánchez Jácome, reveló que Perera Escamilla participó como asesor jurídico de los abogados que llevaron la defensa del párroco de la iglesia San Pedro Apóstol de esta ciudad cuando estuvo recluido en el reclusorio norte del Distrito Federal, el aludido lo desmintió.
    En entrevista, negó en tres ocasiones haber sido el asesor jurídico de Muñiz López, contra quien un juez de circuito dictó una nueva orden de aprehensión luego de haber obtenido su libertad bajo fianza, por los delitos de delincuencia organizada y difusión de pornografía infantil a través de una red internacional donde se identificaba como “Lobo Siberiano”.
    “No hubo coadyuvancia, eso ya lo platiqué y eso lo negué. Es la libertad de expresión y ejercicio democrático”, subrayó el nuevo ombudsman veracruzano ante el acoso de los reporteros que lo asediaron al acudir al Congreso local donde protesto cumplir y hacer cumplir la ley como presidente de la CEDH.
    Insistente ante los cuestionamientos de la prensa en torno a si por el hecho de haber participado en la defensa de un presunto pederasta ligado a la iglesia católica, remarcó, “nunca acudí a la defensa, si participe en el equipo de asesores, entonces mi respuesta es no”.
    Perera Escamilla, remarcó que, este tema, “ya ha sido aclarado por quienes tenían que aclararlo” y, sobre todo, aseguró que desde hace años “no ejerce” la profesión de abogado y sí conoce el manejo de cómo se llevan los asuntos es porque “fui subprocurador” de justicia en Coatzacoalcos.
    Ante ello, se negó a emitir opinión en torno a la situación jurídica actual del sacerdote católico, quien se encuentra prófugo de la justicia, ya que el caso, dijo, “aun se encuentra en proceso en los tribunales” y, menos ahora, “que soy presidente de la comisión de derechos humanos”.
    En torno a su relación con el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, quien se ha asegurado fue el principal impulsor de su candidatura para ocupar la presidencia de la CEDH, dijo, “soy su amigo, y no creo que sea grave que haya una relación de afecto, el problema sería que se juntarán nuestras funciones”.
    En los cargos que ha desempeñado como servidor público, aseguró, “mi función ha sido laica”, no obstante aseguró ser amigo de “muchos dirigentes” tanto de la iglesia católica como de la evangélica y la cristiana, “pero mi situación religiosa es una y la función pública es otra”.
    Ante su cuestionado arribó a la presidencia de la CEDH, sobre todo de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, Perera les pidió que le permitan trabajar, “que me den la oportunidad de brindar a Veracruz todo el bagaje que tengo y ponerlo al servicio de la sociedad”.
    Y es que consideró que el haber llegado a presidir el organismo defensor de los derechos humanos en Veracruz, “es todo un reto y como todo ejercicio democrático, los acepto y asumo, pero mi trabajo será la aplicación de la ley. Tengo conocimiento y sensibilidad de muchas de las cosas que se presentan en la sociedad civil”.
    El estar al frente de la CDEH es grande, reiteró, “porque la sociedad tiene la percepción que se tienen pendientes en la defensa de los derechos humanos, y también hay la percepción de que se defiende a los delincuentes, cuando esta situación solo se ciñe a seguridad pública y a la procuración de justicia”.
    Por último, comentó que su plan de trabajo se enfocará a la difusión y capacitación sobre la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, “hay que demostrar que la comisión no será una letra muerta por lo que planteó crear una red de protección a víctimas del delito, como la tienen en otros estados de la República”.

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