Chiapas: cuestionan conformación del Consejo Estatal de Derechos Humanos

jueves, 6 de enero de 2011

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 6 de enero (apro).- El Congreso del estado eligió hoy a los cinco integrantes del cuerpo colegiado del recién creado Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin embargo, para especialistas en el tema, se incumplieron requisitos de elegibilidad.

Provenientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Federal Electoral (IFE), fueron nombrados aun cuando no cumplían con el requisito de renunciar a sus cargos seis meses antes de  ocupar el puesto de consejero defensor de los derechos humanos, entre otros.

Una reforma a la Constitución de Chiapas y a la Ley Estatal de Derechos Humanos, aprobada en noviembre pasado, permitió la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos y dio paso a la creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que inició sus operaciones a partir del pasado 1 de enero.

Esta tarde, en el Congreso local, rindieron protesta los cinco nuevos consejeros: Pedro Raúl López Hernández, Mauricio Mendoza Castañeda, Marina Patricia Jiménez, Jesús Ernesto Molina Ramos y Lorenzo López Méndez, y de inmediato surgió la inconformidad.

López Hernández fue presidente de la CEDH de 2001 a 2005. Sin embargo, hasta noviembre pasado, era titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos contra Defensores de Derechos Humanos de la PGJ. Fue electo tras una consulta ciudadana realizada en diciembre pasado.

Por su parte, Mendoza Castañeda fue diputado local hasta el 15 de noviembre pasado, pero ha tenido cargos en la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, así como en la PGJ.

A su vez, Marina Patricia Jiménez, excolaboradora del obispo Samuel Ruiz García, no es originaria de Chiapas, como lo establece el requisito, y era funcionaria “honoraria” de la vocalía ejecutiva estatal del IFE. Según Jiménez, ella fue electa por organizaciones civiles.

Por su lado, Molina Ramos era, hasta principios de este mes, el responsable de la oficina de la CNDH en San Cristóbal de Las Casas.

Molina Ramos afirmó que fue propuesto por los rectores como un representante de la academia en el órgano defensor de los derechos humanos en Chiapas.

A su vez, el indígena Lorenzo López Méndez era defensor de oficio del Poder Judicial del estado. A él solía recurrir la PGJ para consignar a indígenas detenidos en los operativos policíacos. López Méndez tiene licenciatura, maestría y es doctor en derecho. Recientemente, tradujo la Constitución de Chiapas al tzotzil.

El inciso VII de la Ley Estatal de Derechos Humanos establece que, para ocupar el cargo de consejero, los aspirantes “no deben haber ocupado un cargo en la administración pública federal, estatal o municipal, al menos seis meses previos al momento de su designación” y “ser ciudadano chiapaneco por nacimiento”.

El abogado Miguel Ángel de los Santos, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y director del Centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios, dijo que el Consejo podría enfrentar un problema de legitimidad si se comprueba que sus integrantes no cumplen con los requisitos que establece la Ley del Consejo de Derechos Humanos.

Explicó que el artículo 26, fracción tercera, exige que los consejeros cuenten con experiencia en derechos humanos o actividades afines. Afirmó que “con algunos puede advertirse con facilidad que cumplen con el requisito, pero con otros tendríamos que extender de modo favorable las actividades afines” que desempeñaban.

Agregó que el mismo artículo, en su fracción séptima, establece no haber ocupado cargo en la administración pública estatal seis meses previos al momento de su designación, y dijo que “al menos tres de los consejeros se desempeñaban como servidores públicos en la Procuraduría de Justicia del Estado, el Poder Judicial y el Congreso local.

Señaló que sus nombres aún figuran en los directorios de funcionarios publicados por las dependencias, y añadió: “Debieron haber renunciado hace seis meses y no lo hicieron, por lo que incumplen con los requisitos exigidos”.

Dijo que “el estado de derecho se caracteriza por el apego a la ley y el respeto a los derechos humanos, de manera que si tuviera que observarse el cumplimiento de la ley, al menos cuatro de los consejeros resultarían inhabilitados para ser consejeros”.

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