CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El Congreso del Estado turnó a la Comisión Instructora la solicitud de desafuero que interpuso la Procuraduría General de Justicia (PGJ) contra el alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, señalado por la dependencia como autor intelectual del homicidio del diputado federal, también del PRI, Moisés Villanueva de la Luz, y su chofer, Eric Estrada. El trámite legislativo se efectuó luego de que la PGJ, a través del subprocurador de Procedimientos Penales, César de los Santos Mendoza, ratificó la solicitud de juicio político presentada la noche del miércoles en la Oficialía Mayor del Congreso. La PGJ solicitó al Congreso que se inicie un juicio de procedencia para que el edil tlapaneco sea separado del cargo y pueda ser investigado por su presunta responsabilidad en el doble asesinato. Por su parte, el juez cuarto penal de esta capital, Abimael Rodríguez Nava, dictó esta mañana auto de formal prisión contra los hermanos Antonio y Florencio Jiménez Chino, este último agente de la Policía Ministerial Estatal (PME), presuntos autores materiales del “homicidio calificado” del diputado federal y de su asistente. Respecto a la demanda de juicio político, el alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes, aseguró que se trata de “un complot político” que tiene como objetivo dejarlo fuera de la contienda electoral del próximo año, debido a que aspira a la diputación federal por el Distrito 5 con sede en Tlapa, que se encuentra vacante por el homicidio de Villanueva de la Luz. El diputado federal priista Moisés Villanueva fue “levantado” el pasado 4 de septiembre junto con su asistente; 13 días después, los cuerpos fueron encontrados con el tiro de gracia en el municipio de Huamuxtitlán, en la región de la Montaña. En entrevista telefónica, Reyes Ramos dijo que la PGJ no ha demostrado el móvil ni tampoco su presunta participación en el doble crimen; y consideró que el hecho de acudir ante el Congreso para solicitar su desafuero se debe a que la dependencia estatal pretende “lavarse las manos” y dejar en los diputados locales la responsabilidad de encontrar elementos que lo involucren en el crimen. El edil impugnado señaló que el procedimiento legislativo puede durar hasta un mes y con ello, prácticamente, lo dejan fuera de la posibilidad de que se registre en el periodo de precampañas que oficialmente comenzará en diciembre. Por la mañana, el subprocurador de Justicia, César de los Santos, informó que el expediente que entregó al Poder Legislativo local incluye cuatro averiguaciones previas integradas contra Reyes Ramos; una por el doble homicidio –el del diputado federal y el de su asistente–, y las otras tres por los delitos de amenazas, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada que fueron denunciados el año pasado y que estaban “bajo proceso de investigación”. Entrevistado después de que ratificó la solicitud de desafuero en la sede del Congreso local, el funcionario estatal se limitó a decir que esta acción de la PGJ tiene como objetivo investigar al edil sobre las imputaciones que hizo un detenido y dos testigos sobre su presunta responsabilidad en el crimen del diputado federal; y el fuero que ostenta el alcalde impide proceder  legalmente en su contra. El pasado miércoles 5 la PGJ presentó a los hermanos Florencio y Antonio Jiménez Chino, El Fantasma, como presuntos autores materiales del doble homicidio. El Fantasma reveló que el edil priista pagó 300 mil pesos a un sujeto identificado como El Gordo para que liquidara al diputado federal. La dependencia estatal señaló que El Gordo y otro sujeto apodado El Pato, que también es señalado de participar en el homicidio, actualmente se encuentran prófugos. Al siguiente día, jueves 6, la PGJE  informó que determinó abrir una línea de investigación contra el edil tlapaneco ante “las evidencias que obran en la indagatoria”. Desde esa fecha, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas no ha fijado ninguna postura pública sobre la incriminación contra Reyes Ramos. Al respecto, el edil calificó de “grave” la actuación de la Procuraduría local debido a que los testigos que está utilizando para incriminarlo son de “oídas” y la ley considera nulos este tipo de testimonios. Dijo que el hecho de incluir otras averiguaciones previas que existen en su contra en el expediente que entregó al Congreso local, se debe a que la PGJ no puede acreditar el móvil del crimen del diputado federal, menos su presunta participación. Por ello concluyó que el objetivo principal de la PGJ es evitar que se registre como aspirante a la diputación federal, situación que fue calificada por el edil priista como un “complot político”. “Los priistas pretenden cobrarme la factura del supuesto apoyo al gobernador Ángel Aguirre en la pasada campaña electoral y los perredistas no quieren que llegue a contender por el distrito electoral federal con sede en Tlapa”, planteó Reyes Ramos, quien este viernes comparecerá ante el agente del Ministerio Público del fuero común. Reyes dijo que acudirá a declarar bajo protesta, debido a que en el citatorio que le entregaron el lunes 10, no se especifica si lo llaman como testigo o indiciado. Formal prisión a presuntos autores materiales Por otra parte, a las 11:10 de la mañana el juez cuarto penal, Abimael Rodríguez dictó auto de formal prisión contra los hermanos Antonio y Florencio Jiménez Chino por el delito de homicidio calificado en agravio del diputado federal Moisés Villanueva y su chofer Erick Estrada. Las partes tienen un plazo de 10 días para que ofrezcan y desahoguen pruebas que consideren pertinentes; los inculpados tienen un plazo de cinco días, a partir del auto de formal prisión, para apelar la resolución judicial.