Denuncian ante Procuraduría opacidad de municipios en Veracruz

jueves, 13 de octubre de 2011
JALAPA, Ver. (apro).- El Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) presentó hoy denuncias penales en contra de 10 sujetos obligados, entre ellos siete gestiones municipales del trienio anterior, como Boca del Río y Poza Rica, por incumplir resolutivos sobre transparencia. El consejero Luis Ángel Bravo Contreras detalló que las denuncias fueron presentadas este día ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido a que las autoridades responsables desoyeron exhortos del IVAI para entregar información solicitada por particulares. En rueda de prensa, Bravo Contreras aclaró que el IVAI no es un órgano inquisitivo, sin embargo, tiene la obligación de hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado y, en caso de desacato, también cuenta con la facultad de acudir ante las autoridades judiciales. Explicó que del total de las denuncias penales presentadas por el IVAI ante la PGJE, siete corresponden al ayuntamiento de Boca del Río que en el trienio pasado encabezó el panista Miguel Ángel Yunes Márquez; dos al de Teocelo, y una a Poza Rica, también de la administración anterior. Detalló que luego de haber vencido el término en el procedimiento de los recursos de revisión y agotarse los medios de apremio, decidió acudir a la PGJE. El consejero del IVAI puntualizó que el incumplimiento de los sujetos obligados denunciados penalmente se derivó básicamente de su negativa a entregar información sobre las nóminas del personal de base, de confianza, por contrato y por honorarios. Expuso que las denuncias se presentaron contra quien o quienes resulten responsables y éstas sientan un precedente para que los 295 sujetos obligados de la entidad acaten los resolutivos emitidos por el Consejo General del IVAI. Pese a que las denuncias presentadas deberán ser analizadas por la autoridad ministerial para emitir sus propias resoluciones, el consejero del IVAI consideró que las autoridades involucradas en este asunto podrían ser sancionadas por los presuntos delitos de incumplimiento de un debe legal, resistencia a particulares y hasta abuso de autoridad.

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