OAXACA, Oax., (apro).- El gobierno de Oaxaca enfrenta un serio problema en materia de suministro y tratamiento de agua potable, dice el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Gerardo Cagija Estrada. Comenta que la tarifa es la más barata del país –actualmente cuesta 1.90 pesos por metro cúbico—, y 40% de los 320 litros que se distribuyen por segundo se desperdicia por fugas en la red hidráulica. Además, agrega, sólo 12 de las 120 plantas de tratamiento funcionan. Por consiguiente, indica el funcionario, escasea el líquido y la población se ve obligada a comprar el agua que se distribuye a través de pipas, cuyo costo por metro cúbico es de 80 pesos, lo que la convierte en la más cara del país. En entrevista, Cajiga Estrada explica que en la zona metropolitana de la entidad se necesitan mil 500 litros por segundo, sin embargo, añadió, a principios de este año sólo se captaron 320 litros por segundo, de los cuales 40% se filtra por las tuberías, de manera que a las viviendas sólo llegan 200 litros por segundo. “Así que damos la tarifa más barata, pero damos el peor servicio, lo que obliga a muchos a comprar pipas y pagar ocho pesos por metro cúbico, lo que nos pone arriba de la media nacional, que es de siete pesos”, puntualizó. De acuerdo con el funcionario estatal, aun cuando el gobierno cobra más barato, la ciudadanía acaba por pagar el agua más cara de México. Hizo hincapié en que las cuotas del estado no se modifican desde hace 20 años, y nadie lo ha hecho porque a ningún gobierno le gusta cobrar más impuestos, aunque a largo plazo –subrayó– el impacto lo sufre la sociedad, como sucede actualmente. Por otra parte, resaltó que Oaxaca es el estado menos electrificado del país, toda vez que 6% de las comunidades no tienen luz eléctrica. Aunado a ello, resaltó, 18% de las viviendas no tiene piso firme, y lo más grave es que 31% de la población carece del servicio de agua potable o entubada. Y, por si fuera poco, el gobierno del estado mantiene un litigio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que heredó la administración de Ulises Ruiz Ortiz, debido a que se deben alrededor de 80 millones de pesos, pues de 2007 a 2009 no se cerró el ejercicio presupuestal y eso obligó a la dependencia federal a retener los recursos.