Aprueban en Colima Ley contra la Trata de Personas

martes, 25 de octubre de 2011
COLIMA, Col. (apro).- Con el propósito de prevenir la trata de personas, y proteger y asistir a las víctimas de ese delito, el Congreso de Colima creó hoy una ley estatal sobre esta materia. Aprobada por unanimidad, la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el estado de Colima tendrá exclusivamente carácter preventivo y de apoyo a las víctimas, de conformidad con los parámetros establecidos por los tratados internacionales. Por lo tanto, la tipificación y sanción de este delito continuará establecida dentro del Código Penal de la entidad, en los artículos 161 y 161 bis, donde se considera una pena de diez a veinte años, de acuerdo con el decreto publicado el 30 de abril de 2008 en el Periódico Oficial El estado de Colima. La nueva Ley de Trata de Personas surgió de las iniciativas presentadas por el diputado panista Salvador Fuentes Pedroza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, y la legisladora priista Armida Núñez García. De acuerdo con el dictamen, en un plazo de 45 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley, deberá ser creada la Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y se contará con un término de 90 días hábiles, a partir de la conformación de la Comisión, para que ésta elabore el Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas. El programa, que será el instrumento rector para prevenir ese delito, contendrá el diagnóstico de la situación que guarda el estado, así como la identificación de los problemas que se tienen que superar desde los diferentes ámbitos que incidan en la comisión del ilícito. Los diputados apuntaron que la trata de personas constituye una conducta delictiva con terribles consecuencias para las víctimas, por lo que se le ha llegado a considerar como una forma moderna de esclavitud, además de una forma extrema de violencia primordialmente en contra de niños y mujeres. La trata de personas es reflejada en los considerandos del dictamen como un flagelo social que se ha acentuando a nivel internacional y nacional, entre otras causas, por la pobreza, la falta de educación y de trabajo de un gran porcentaje de personas vulnerables, como niños, mujeres y migrantes, pero sobre todo, porque esa actividad constituye un negocio altamente lucrativo, ubicado como el tercer ilícito más redituable para la delincuencia organizada en el mundo, únicamente por debajo del tráfico de drogas y de armas.

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