CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Diputados federales del PRI por Guerrero lamentaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero viole la ley al colocar a familiares directos en la administración pública, por ello exhortaron a los órganos de fiscalización superior a que intervengan en este caso de nepotismo. Al respecto, la diputada federal priista, Alicia Zamora Villalva, consideró que el propio Ejecutivo estatal debe responder ante los ciudadanos sobre las denuncias públicas sobre la contratación de sus familiares y parientes de los secretarios de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y de Finanzas, Jorge Salgado Leyva. Lo anterior durante una conferencia en la sede del Congreso local, en esta capital, donde estuvieron seis de los siete diputados federales por la entidad, quienes acudieron a la sesión solemne en memoria de su compañero, Moisés Villanueva de la Luz, quien fue ejecutado en septiembre junto a su chofer en la región de la Montaña guerrerense. El jueves 10, el portal de noticias Sin embargo difundió una nota donde asegura, que entre familiares de Aguirre Rivero y sus colaboradores, han sido colocados al menos 93 parientes en la administración pública. De éstos, 33 tienen responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos, revela Sin embargo con base en documentos oficiales. El gobernador tiene 38 familiares directos que le cuestan al erario un millón 110 mil 643 pesos mensuales. El secretario de Finanzas designó a 20 parientes en cargos públicos, que ganan, en conjunto, 591 mil 318 pesos. Mientras el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, incluyó en la nómina estatal a 35 familiares que cobran un millón 110 mil pesos, indica el reportaje publicado por Sin embargo. Para deslindarse de las acciones de Aguirre Rivero, un expriista postulado por el PRD, Zamora Villalva, señaló que el nepotismo no es una práctica privativa del PRI y se limitó a decir que los gobernantes y representantes populares de los tres niveles deben respetar la Ley Orgánica que impide contratar a familiares directos. Enseguida, lamentó que, en el caso de Guerrero, el gobernador y sus colaboradores no respeten la ley y exhortó a los órganos de fiscalización a intervenir en este asunto. A pesar de que durante estos casi ocho meses de administración han sido recurrentes las denuncias públicas sobre el nepotismo y opacidad de Aguirre Rivero, la diputada federal, a nombre de sus seis compañeros, negó que sean cómplices al mantenerse al margen de este asunto, y consideró que el Ejecutivo estatal debe asumir la responsabilidad de sus actos.