OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Gabino Cué destinó alrededor de 11 millones de pesos para la indemnización de 64 “sobrevivientes y expresos políticos”, por el “daño moral sufrido” durante el conflicto sociopolítico de 2006-2007, informó el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (Limeddh), Isaac Torres Carmona. Renuente a transparentar el monto de los recursos entregados por el gobierno estatal a las víctimas del régimen de Ulises Ruiz Ortiz, para “no desvirtuar o generar apreciaciones apartadas de la realidad”, el defensor de derechos humanos finalmente confirmó que cada afectado recibirá 170 mil pesos. Torres Carmona precisó que en vísperas del primer informe del gobernador Gabino Cué, el pasado lunes 14, en los juzgados civiles y familiares del Tribunal Superior de Justicia se entregó la “indemnización simbólica” a 44 de los 64 víctimas que aceptaron el monto convenido, lo que significa que fueron entregados siete millones 480 mil pesos. Quedan pendientes de recibir su “indemnización simbólica” 20 víctimas que demandaron por la vía civil la reparación del daño moral por la violación del derecho a su libertad personal, señaló. Asimismo, aclaró que la Limeddh, sobrevivientes y expresos políticos del movimiento magisterial y popular “negamos categóricamente que se trate de una repartición de recursos a discreción por parte del gobierno del estado para dividir a las víctimas, como lo han manifestado públicamente algunas voces discordantes que sólo buscan confundir a la opinión pública y contribuyen al enrarecimiento del clima político, con fines poco claros”. De igual forma, dijo, “lamentamos que se pretenda utilizar y desvirtuar un hecho de tal trascendencia e importancia en la vida social y política del estado, pues contrario a lo que se pueda decir, constituye un logro en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos”. Y añadió: “Nadie puede abrogarse de manera unilateral y personal la vocería de las víctimas”. Por ello, hizo un llamado a los afectados para que se sumen a las propuestas con perspectiva de derechos humanos a través del programa integral de reparación del daño, que tiene que ver con una serie de acciones por parte del gobierno para garantizar el resarcimiento integral de daños ocasionados en su esfera personal, psicológica, afectiva, emocional, económica, familiar, laboral y social. Luego de reconocer la voluntad política del gobierno de Gabino Cué, destacó que “los retos en materia de justicia aún prevalecen” y seguirán exigiendo castigo a los responsables de los crímenes y delitos cometidos por funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz porque siguen impunes. Es por ello que “consideramos, sin duda alguna, que el tema de justicia seguirá siendo asignatura pendiente para el actual gobierno”, porque durante los conflictos magisterial y popular se cometieron 26 asesinatos, hubo más de 500 detenidos y alrededor de 380 casos de tortura, subrayó el presidente de la Limeddh.