OAXACA, Oax. (apro).- Amnistía Internacional (AI) manifestó este miércoles su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno del estado utilice la muerte de un hombre para procesar injustamente a manifestantes y disuadir futuras protestas. El pasado 28 de octubre, los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, así como integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, organizaron una protesta en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana, contra la construcción de turbinas de viento en sus tierras. De acuerdo con la información dada a conocer por ambas organizaciones, los miembros de la comunidad La Venta, que están a favor del parque eólico, llegaron y amenazaron al grupo para detener su protesta. Cuando los manifestantes alegaron que tenían derecho a protestar pacíficamente, un grupo de hombres armados con pistolas y machetes arribó al lugar y golpearon a algunos de los inconformes, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, a quienes les propinaron patadas, los arrojaron al suelo a puñetazos y los amenazaron de muerte. Al parecer, el líder de la banda armada estuvo a punto de disparar contra Juan Regalado Martínez, de 61 años, quien padece diabetes, pero un miembro de su grupo se lo impidió. Los manifestantes huyeron de la zona y los heridos recibieron atención médica, sin embargo uno de los hombres vinculados al grupo armado, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos en circunstancias poco claras en el lugar de los hechos. Las autoridades llegaron después del homicidio y los miembros de la banda armada alegaron que los manifestantes eran los responsables del crimen. Los medios de comunicación locales ofrecieron esta versión de los hechos y la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca también parece haber adoptado este enfoque. Ante ello, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la posibilidad de que la investigación no sea imparcial y exhaustiva a la hora de determinar lo sucedido y procesar a los responsables, y que en todo caso se acuse injustamente a los manifestantes. La organización recordó que los proyectos industriales y de desarrollo que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de México se emprenden frecuentemente sin proporcionar información fiable a las comunidades indígenas afectadas, sin consultarlas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. A consecuencia de ello, los miembros de las comunidades protestan contra los proyectos y reclaman su derecho a ser escuchados y consultados. AI ha documentado frecuentemente el uso indebido del sistema de justicia penal contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra activistas comunitarios que llevan a cabo protestas pacíficas para pedir que se respeten sus derechos, un uso indebido que ha dado lugar a acoso judicial, juicios injustos y declaraciones de culpabilidad poco seguras. Ante ello, demandó que se realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reynaldo Ordaz Velázquez y sobre el ataque contra manifestantes, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a garantizar que se respete el derecho de protesta pacífica y el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado, basado en información fiable y exacta sobre los proyectos de desarrollo que afecten a sus tierras y su sustento. Y también pidió que se envíen llamados al gobernador Gabino Cué y al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, para instarlos a brindar protección adecuada a los habitantes de Unión Hidalgo y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que respaldan sus protestas contra la construcción del parque eólico, especialmente aquellos que ya han sido amenazados y agredidos, y pueden ser sometidos a procedimientos judiciales injustos.