En Tabasco, "dadas las condiciones para una masacre de migrantes": CDHU

martes, 22 de noviembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- Los secuestros “hormiga”, extorsiones, asaltos y agresiones sexuales contra migrantes, así como el hostigamiento y amenazas hacia defensores de indocumentados, son algunos de los agravios registrados en La Frontera olvidada. Informe sobre las condiciones de personas migrantes y desplazadas, y defensoras de derechos humanos en Tenosique. El texto, elaborado por diez organizaciones sociales al término de una misión civil de observación, realizada entre el 19 y el 21 de octubre pasados, resalta la incompatibilidad entre el discurso del gobierno de Felipe Calderón sobre el compromiso con los migrantes centroamericanos y la “tragedia humanitaria” que se vive en la frontera sur, controlada por el cártel de Los Zetas, asegura el sacerdote franciscano Tomás González Castillo, responsable del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU) y de La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes. En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones que participaron en la misión de observación concluyeron que “el Estado mexicano incumple con su obligación de proteger la vida y los derechos humanos e incumple con la obligación de garantizar las condiciones para que los defensores ejerzan su labor”. Añadieron: “La negligencia o complicidad del Estado mexicano pone en riesgo vidas humanas”. Jorge Fernández Mendiburu, del Equipo Indignación A.C., explicó que la misión de observación recabó testimonios sobre las condiciones en Tenosique, Tabasco, “zona de mayor entrada de migrantes centroamericanos, pero invisibilizada –dijo–, donde hay una violación sistemática de violaciones a derechos humanos, tanto a migrantes como a defensores, y donde las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) están coludidas con delincuentes para extorsionar, secuestrar y solapar la trata de personas”. De acuerdo con Fernández Mendiburu, el reporte también documenta la situación de “tragedia humanitaria” en que se encuentran 65 familias guatemaltecas, entre la que hay 115 menores de edad y 30 ancianos expulsados de sus tierras en la región de El Petén, y que están asentadas en Tenosique en condiciones sumamente precarias, olvidadas por los gobiernos mexicano y guatemalteco. Agnieszka Racynszka, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), resaltó que durante la visita a Tenosique pudieron constatar “el alto riesgo de violencia, la criminalización y la discriminación en que realizan su labor los defensores del CDHU y La 72, completamente descobijados por el Estado mexicano, que no ha hecho efectivas las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para permitir que realicen su trabajo humanitario, ni mucho menos que se investiguen las denuncias de hostigamiento, agresiones y amenazas que han sufrido sus integrantes”. El sacerdote franciscano Tomás González advirtió que en Tenosique “están dadas las condiciones para una masacre de migrantes, similar a las ocurridas en Tamaulipas, porque hay una situación de violación sistemática de derechos humanos, a la par de una descomposición de los funcionarios del INM que se han corrompido y algunos se han coludido con el crimen organizado”. González narró que por su refugio pasan a diario entre 30 y 50 migrantes indocumentados, y que la gran mayoría han sido víctimas de abusos. “En septiembre acompañamos a 90% de los migrantes ante los ministerios públicos federal y local para denunciar agravios, pero nunca proceden”, sostuvo. En el informe se señala que del 31 de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, el refugio La 72 documentó 247 casos de persecuciones violentas contra migrantes, operadas por funcionarios del INM, además de 13 casos de secuestro, 92 asaltos, 37 extorsiones por parte de autoridades y una violación sexual. El sacerdote lamentó que para los migrantes no haya atención por parte del gobierno mexicano, y retomó un caso documentado por su organización y presentado ante las autoridades. “En mayo de este año denunciamos al entonces delegado del INM en Tenosique, Jorge Luis Mendoza Cruz, quien abusó de una menor de edad a cambio de regularizar su situación migratoria, pero fue hasta septiembre que se emitió la orden de aprehensión, porque le dio tiempo al funcionario de fugarse. Lo que sabemos es que no fue el único caso de abuso y que con el funcionario estaban coludidos más integrantes del INM y del Grupo Beta, así como el encargado de despacho del INM, pero esas personas siguen en sus puestos”, apuntó. Sostuvo que La 72 ha obtenido diversas pruebas, como comprobantes de pago que familiares de migrantes han hecho para pagar rescates que van de los mil 500 a los 7 mil dólares, y que son enviados a través de la empresa Western Union, sin que se hayan realizado investigaciones al respecto. “Los funcionarios del INM se han coludido con el crimen organizado, porque les ofrecen quintuplicar sus ingresos a cambio de que les entreguen a los migrantes”, confió. Sobre la situación de los desplazados guatemaltecos, procedentes de la comunidad Nueva Esperanza, González Castillo explicó que a pesar de que fueron visitados por representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUD), las familias expulsadas sólo han recibido apoyo alimentario y médico de la Iglesia católica de Tabasco y Petén. “Están viviendo bajo lona, prácticamente a la intemperie, y ya se están registrando problemas de salud, sobre todo en los niños, además de que los mayores sufren una gran depresión por el engaño de ambos gobiernos, porque el mexicano no los atiende, a pesar de que es su obligación humanitaria, y el guatemalteco no les da respuesta a su exigencia de reubicación”, explicó el sacerdote. Según González Castillo, el territorio que ocupaban las casi 300 personas desplazadas de Nueva Esperanza, donde residían desde hace 11 años, era zona protegida que los mismos campesinos guatemaltecos estaban comprometidos a preservar. Agregó que se han realizado cinco mesas de negociación sin llegar a acuerdos, toda vez que de 60 hectáreas que tenía cada familia en Nueva Esperanza, el gobierno ofrece tres hectáreas en zonas pantanosas. “En un principio, el gobierno mexicano ofreció iniciar los trámites para darles calidad de refugiados, pero se negaron porque esperaban que se cumpliera la promesa del gobierno guatemalteco de reubicarlos. Ahora, ante los ofrecimientos indignos, al menos tres familias están reconsiderando si situación legal, pero el gobierno mexicano dice que el plazo para que decidieran era de 30 días desde que ingresaron a México, y ya van 90”, apuntó. El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín, expuso que al final de la misión, las organizaciones presentaron una serie de recomendaciones para atender la situación de crisis humanitaria en la frontera sur, entre ellas asumir las observaciones que hizo recientemente el relator para los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como recomendaciones a los gobiernos de México y Guatemala para atender a los desplazados. Participaron en la misión de observación la Red TDT, el Centro Prodh, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, el CDHU, La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes, Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Kaán, la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Guatemala, Movimiento Migrante Mesoamericano, Equipo Indignación, y estudiantes del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (CEPHCIS-UNAM).

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