CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Auditoría General de estado (AG), Arturo Latabán López, rechazó que la indemnización de 300 mil pesos que recibió este año por “sus servicios prestados” a la Secretaría de Educación en Guerrero, dependencia donde se desempeñó como contralor interno del 1 de abril de 2005 al 16 de noviembre pasado, sea un acto ilegal o inmoral. A pesar de que las anteriores autoridades de la SEG entregaron estos recursos, casi al término de la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca, bajo el argumento de que fue producto de “una negociación ampliada”, el fiscalizador de los recursos públicos de la entidad argumentó que se trata de un derecho laboral que beneficia a cualquier trabajador. Esto a pesar de que su cargo en la SEG es considerado como “de confianza”. Ayer, la agencia Apro publicó una nota, basada en documentos oficiales, donde se exhibe que sin sustento legal y tres meses después de que renunció al cargo de contralor interno de la SEG, el auditor estatal recibió 300 mil pesos por concepto de “liquidación por servicios prestados” a la dependencia estatal. El pago de esta “indemnización” fue producto “una negociación” entre autoridades de la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo; y se realizó el 24 de febrero de este año, pese a que Latabán López renunció al cargo de contralor el 16 de noviembre pasado, de acuerdo con los documentos oficiales a lo que Apro tuvo acceso. La autorización de esta acción que no tiene ningún sustento jurídico, fue avalada por el extitular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, a través de su asesor técnico, Jorge Sotomayor Landeta, y el excoordinador de Administración y Finanzas de esta dependencia, Abel Ponce Torres, en el preámbulo del término de la administración de Torreblanca Galindo, la cual concluyó el 31 de marzo de este año. Por medio de un oficio fechado el 14 de febrero de este año y marcado con el número 130/2011, Sotomayor Landeta le instruye a Ponce Reyes que por instrucciones del extitular de la SEG y “como producto de la negociación desplegada”, se autorizó en “un 90 por ciento”, la liquidación de Arturo Latabán por un monto de 299 mil 976 pesos. La póliza del cheque 881, de la cuenta de la SEG en el banco Inverlat, se emitió el 24 de febrero de este año por el concepto de “pago de liquidación por servicios prestados a la Secretaría” y fue cobrado al día siguiente por el actual auditor estatal, refieren los documentos oficiales. Consultado al respecto, durante un acto público, Latabán López dijo desconocer el procedimiento que utilizaron las autoridades educativas para otorgarle la indemnización. Dijo que en ningún momento demandó a la dependencia estatal para gozar de este beneficio económico; y consideró que este tipo de liquidaciones para funcionarios de primer nivel, es un beneficio contemplado en la Ley Federal de Trabajo. “Me parece que todos los servidores públicos también tenemos derechos; es una parte que me correspondió, precisamente como un derecho al trabajo devengado por los cinco años nueve meses que estuve frente a la Contraloría Interna de la SEG y que, en su momento, quienes autorizaron (la indemnización), son los responsables del manejo del recurso”, expresó el auditor estatal. –¿No es un acto antiético? –se le cuestionó. –No, nada más hay que revisar en el marco legal que tiene la Ley del Trabajo –¿Cuál es el fundamento legal? –No lo tengo presente… –atajó Latabán. El titular de AG designado contralor interno de la SEG el 1 de abril de 2005 y renunció a este puesto el 16 de noviembre de 2010, para ocupar la titularidad de la Auditoría General por ocho años. Su carrera administrativa ha estado supeditada al amparo de su suegro, el actual notario 4 de Acapulco, Eduardo Arturo Nozari Morlet, quien heredó la patente en la administración del extinto exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, donde se desempeñó como procurador de Justicia en 1988.