VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un particular interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del alcalde del municipio del Centro, el priista Jesús Alí de la Torre, y de los miembros del Cabildo por los presuntos delitos de obstrucción a la administración de la justicia y falsedad de declaraciones. De proceder, la querella podría echar por tierra las aspiraciones de Chucho Alí de obtener la candidatura de su partido al gobierno estatal. El edil es uno de los 10 priistas que buscan la nominación para contender por la gubernatura en los comicios locales de julio de 2012, en los que también se elegirá a 17 alcaldes y 35 diputados locales, así como a senadores, diputados federales y presidente de la República. La demanda se derivó de la indebida construcción del gimnasio Sport Citi en terrenos de uso habitacional. En la demanda, el abogado William López Ascencio expone que las obras del deportivo propiedad de Antonio Espinosa de los Monteros, afectaron las propiedades de su cliente, María del Pilar Herrera Pizaña. El empresario Espinosa de los Monteros estuvo implicado, en 2008, en un millonario negocio de tráfico de tierras para casas de damnificados por las inundaciones de 2007. López Ascencio explicó que en agosto de 2010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenó al ayuntamiento de Centro demoler el Sport City y pagar daños y perjuicios a los afectados, sin embargo, desde esa fecha el alcalde Jesús Alí ha mentido a las autoridades y promovidos amparos fuera de términos “para no ejecutar de la orden de derribar el gimnasio y proteger a Espinosa de los Monteros”. Detalló que después del resolutivo del TCA, el alcalde y el empresario promovieron un amparo ante Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, recurso que le fue negado el 28 de marzo anterior y se ratificado el ordenamiento para demoler el gimnasio. Posteriormente, el edil instruyó su síndico de Hacienda, Jorge Alberto Cámara Núñez, solicitar revisión de amparo en el Tribunal Colegiado de Villahermosa, con el argumento de que el ayuntamiento supuestamente no estaba enterado del asunto, “cuando ellos fueron los primeros en ser notificados del resolutivo del TCA”. El viernes 18, el Tribunal Colegiado de Villahermosa sobreseyó la petición de revisión de amparo, con lo que quedó firme la sentencia del TCA, explicó el abogado López Ascencio. “El alcalde Jesús Alí, mediante la promoción de amparos fuera de términos y mintiendo a una autoridad judicial, ha obstruido la pronta administración de la justicia”, acusó. En sus alegatos ante el TCA, la quejosa Herrera Pizaña logró acreditar la ilegalidad de las licencias de construcción y factibilidad de uso de suelo, otorgadas en 2007 y 2009 por el ayuntamiento de Centro, para la construcción y ampliación del gimnasio, ubicado en la exclusiva zona residencial Tabasco 2000 de esta capital. A principios de agosto de 2010, la magistrada de la Segunda Sala del TCA, Luz María Armenta León, resolvió la revocación de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo y ordenó al ayuntamiento “demoler” el Sport City, así como pagar daños y perjuicios a los afectados. En octubre de 2008, el diputado federal perredista Adán Augusto López Hernández presentó denuncia ante la PGR en contra de funcionarios federales y estatales, así como de particulares, por presunto fraude millonario en la compra de terrenos para construir viviendas a quienes resultaron afectados por las inundaciones de 2007. Los denunciados, entre otros, fueron el entonces titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Carlos Javier Gutiérrez, así como los funcionarios estatales Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, secretario de Asentamientos y Obras Públicas y del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), respectivamente. De acuerdo con la demanda, todos ellos incurrieron en los presuntos delitos de fraude, lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelación de secretos, ejercicio indebido y coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones. Según el documento, la Conavi transfirió al gobierno estatal 350 millones de pesos para adquirir terrenos donde se construirían 2 mil 500 viviendas para damnificados por la inundación de 2007. La adquisición se hizo a la empresa Suministros del Carmen SA de CV que, previamente, compró a particulares más de 160 hectáreas, a razón de 500 mil pesos cada una, y tres días después revendió al Invitab a un millón 400 mil pesos, lo que representó una ganancia de más de 140 millones de pesos para quienes operaron el negocio. La referida empresa tiene su sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y durante años fue empresa familiar, pero en noviembre de 2007 los tabasqueños Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, sin antecedentes empresariales, compraron Suministros del Carmen y, en febrero de 2008, gastaron más de 100 millones de pesos en la compra de los terrenos que, casi inmediatamente, vendieron al Invitab con ganancias de 900 mil pesos por hectárea. En 2009 se confirmó que el empresario Antonio Espinosa de los Monteros fue quien estuvo detrás del millonario negocio del tráfico de terrenos, a través de la empresa Suministros del Carmen SA de CV.