Defiende gobernador de Guerrero inclusión de familiares en nómina oficial

viernes, 25 de noviembre de 2011
ACAPULCO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió este viernes que su administración no tolerará ningún tipo de impunidad, “trátese de quien se trate”, porque ese, dijo, fue “el mandato que nos dio el pueblo”. “Aquí en Guerrero, quiero reafirmarlo en este día, invariablemente habremos de respetar el estado de derecho. Aquí en Guerrero no toleraremos ningún tipo de impunidad, trátese de quien se trate. Ese es el mandato que nos dio el pueblo de Guerrero y tendremos que honrarlo, con pleno respeto de los derechos humanos”, puntualizó el mandatario durante la clausura de la XXVI asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores. Luego de hacer esa declaración, Aguirre Rivero calificó como “histórico” que el  pleno del Congreso local diera entrada al juicio de procedencia contra el alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, a quien la Procuraduría General de Justicia (PGJ) acusa de ser el autor intelectual del crimen del diputado federal priista Moisés Villanueva y de su asistente, Eric Estrada. De acuerdo con el mandatario, la acción emprendida por la PGJ contra el alcalde tlapaneco y avalada por el Congreso refleja que su administración se ciñe a “los principios de legalidad y justicia”, y el actuar de los diputados que admitieron el juicio de procedencia, agregó, sienta un precedente inédito en la entidad. E insistió: “Independientemente de quien se trate o del personaje que sea, vamos a proceder y vamos a actuar con forme a la ley”. Asimismo, dijo que ayer solicitó a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, que revise las demandas que su gobierno interpuso contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por presuntos desvíos de recursos públicos. Señaló que durante una reunión privada que sostuvo con Morales Ibáñez, le planteó la necesidad de que la dependencia que encabeza investigue esas denuncias para sancionar o resarcir cualquier daño patrimonial que haya sufrido el estado, por los actos que realizaron exfuncionarios de los sectores de Finanzas, Educación y Salud. Entrevistado al término del evento, realizado en un hotel de la zona turística Diamante de este puerto, Aguirre defendió el hecho de haber colocado a familiares directos en puestos estratégicos del gabinete estatal. –Usted refiere que en su administración no habrá impunidad, ¿esto aplica en el caso de sus familiares que colocó en el gabinete? –se le preguntó. –Si usted tiene alguna demanda contra ellos, pues proceda –respondió. –¿No tiene familiares en su gabinete? –No digo que no haya familiares, nunca he negado que haya familiares, a lo que me estoy refiriendo es que quien se aparte de la ley tendrá que ser necesariamente castigado, incluyendo cualquier persona que tenga algún vinculo familiar (con el gobernador) –indicó Aguirre. –¿Es legal que haya incluido familiares en su gabinete? –Chécalo en la Constitución, por supuesto que es legal –asestó el mandatario. El pasado jueves 10, basado en una copia de la nómina estatal, el portal de noticias Sin embargo difundió un trabajo periodístico donde señala que Aguirre Rivero y sus secretarios de Gobierno y Administración y Finanzas, Humberto Salgado López y Jorge Silverio Salgado Leyva, respectivamente, han colocado al menos a 93 parientes en la administración pública. De ellos, 33 tienen responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos, revela Sin embargo. El gobernador tiene 38 familiares directos que le cuestan al erario un millón 110 mil 643 pesos mensuales, mientras que el secretario de Finanzas designó a 20 parientes en cargos públicos, que en conjunto perciben 591 mil 318 pesos. En tanto, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, incluyó en la nómina estatal a 35 familiares, que cobran un millón 110 mil pesos, indica el reportaje. Durante estos casi ocho meses de administración, Aguirre y sus colaboradores más cercanos no sólo han sido acusados de gobernar con sus familiares, también han sido señalados de tener vínculos con el narcotráfico. Por ejemplo, al Ejecutivo se le acusa de proteger a su supuesto primo Víctor Aguirre Garzón, identificado por autoridades federales como uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).  

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