PUEBLA, Pue. (apro).- Pese a que la organización Actívate por Puebla considera que el proyecto de ley estatal de transparencia inhibe el acceso a la información pública y representa un retroceso en la materia, la iniciativa fue aprobada hoy en comisiones del Congreso local. La diputada Josefina Buxade dijo que la iniciativa será aprobada este jueves 15 –en la última sesión del tercer periodo del legislativo estatal– sólo con algunas correcciones “menores”. Actívate por Puebla, una ONG que aglutina a universidades privadas, públicas, organismos empresariales y sociales, advirtió en un comunicado que si bien la iniciativa cumple con 7 de los 12 puntos que el grupo propuso como “indispensables”, adolece de fallas que pueden inhibir el acceso a la información. El proyecto, según esta organización, no reconoce las figuras jurídicas de la prueba de daño y la prueba de interés público; no prohíbe la invocación de los secretos fiduciario y bancario tratándose de recursos públicos, y tampoco elimina la ratificación del recurso de revisión que contiene la ley vigente. Además, destaca que uno de los puntos más retrógrados de la ley es que obliga, a quien interpone un recurso de revisión de forma electrónica, a ratificarlo personalmente si su domicilio se encuentra dentro del lugar de residencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), o mediante “escrito libre firmado” si reside en otro lugar. El hecho de que la ratificación del recurso de revisión tenga que ser personalmente si el recurrente reside donde lo hace la CAIP, supone un retroceso en relación con la ley vigente, que permite hacer la ratificación de forma electrónica, destaca la ONG. En el mismo escrito, la agrupación reconoce que la iniciativa sí le da autoridad a la Comisión para el Acceso a la Información Pública sobre todos los sujetos obligados; le otorga carácter definitivo, inatacable y obligatorio a sus resoluciones; le dota de nuevas facultades en función de su autonomía constitucional, y establece sanciones y responsabilidades claras para garantizar su cumplimiento. Asimismo, reduce al máximo los costos para la entrega de la información; señala con claridad las causales de reserva; amplía las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, e incorpora obligaciones específicas para cada uno de ellos. Además, permite la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de los comisionados. Esta nueva legislación incluye a los partidos políticos, a Tribunales Administrativos y a instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Buxadé aseguró que la nueva ley colocará a Puebla entre los primeros lugares, pues tiene bondades como la autonomía de la Comisión de Acceso a la Información, e incluye sanciones para quienes no transparenten la información pública, aunque éstas son sólo administrativas.