MÉRIDA, Yuc. (apro).- En la última sesión de su periodo ordinario y en plena contienda electoral, el Congreso del Estado aprobó la creación de una “pensión no contributiva” para las personas mayores de 70 años que no reciban ningún tipo de apoyo, pensión o beneficio de programas institucionales. La pensión forma parte de las reformas a la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del estado, aprobadas hoy por los diputados locales. De acuerdo con el dictamen aprobado, en un plazo máximo de 120 días, el Ejecutivo estatal deberá de instrumentar las medidas necesarias para poner en marcha la pensión. El diputado priista Víctor Caballero Durán recordó que un grupo de organizaciones ciudadanas solicitó al Congreso del estado implementar una pensión universal para adultos mayores, equivalente a un salario mínimo mensual vigente en Yucatán. Esta propuesta, dijo el diputado, “se consideró presupuestalmente inviable la petición”, por lo que se acordó que la pensión debería de estar dirigida exclusivamente a “las personas en mayor vulnerabilidad y sin ningún tipo de ayuda institucional”. Agregó que desde un principio se estableció que sería presupuestalmente imposible brindar una pensión a los casi 200 mil ciudadanos en edad senescente que hay en el estado, por lo que se decidió que dicha ayuda se brindará a las personas mayores de 70 años. “Tomando como ejemplo el programa federal de 70 y más, se decidió que la pensión se otorgue a partir de esa edad, lo que limita a 90 mil el número de personas, y de entre ellos también habría que descartar a los que reciben pensión, ingreso o son beneficiados con algún programa, haciendo entonces altamente viable, en cuestiones presupuestales, el brindar dicho apoyo”, dijo. Aseguró que de esta manera se cumple con el compromiso de crear lo que la ciudadanía solicitó y de una manera responsable, sin afectar las finanzas públicas. “Estamos dando un paso muy importante de justicia social para atender a esas personas que a lo largo de su vida han aportado muchísimas cosas a favor de Yucatán, por eso de forma inteligente racional pensemos que esto va a ser un paso responsable”, señaló. Asimismo, se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. En la discusión, la diputada priista Martha Leticia Góngora Sánchez argumentó que “estas reformas permitirá que los ciudadanos hagan uso del Derecho de Acceso a la Información Pública bajo un esquema de mejores condiciones y procedimientos expeditos”. “Votamos consensando nuestras voluntades, pensando en los yucatecos, pensando en mejores instrumentos legales que permitan a los gobernados exigir cuentas a sus gobernantes”, comentó. Añadió: “votamos pensando en tener una Ley de acceso a la información pública que vista desde un aspecto colectivo e individual, privilegie el interés público, sin que ello signifique, dejar a un lado los intereses de todos aquellos ciudadanos que puedan ser sujetos de alguna intromisión a su esfera íntima”. Indicó que para legislar de manera eficaz se previó medios de coercibilidad para que el Instituto encargado de la regulación del Derecho de Acceso a la Información Pública, pueda exigir a los sujetos obligados cumplan con todas aquellas solicitudes ciudadanas que tengan como fin allegarse de información pública. El dictamen, dijo, es un producto legislativo que se realizó tomando en cuenta la opinión de organizaciones civiles, del instituto rector en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, y de los distintos proyectos de iniciativas de reforma en esta materia que se turnaron al seno de la comisión; proyectos que emanaron de las fracciones parlamentarias representadas en el Legislativo. Según esas reformas, los sujetos obligados y que no acaten lo resuelto por el Instituto, podrán ser sancionados de manera administrativa, e incluso, la suspensión de aquel titular que no cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia. El legislador panista Renán Alberto Barrera Concha propuso una modificación más a esta Ley, que los consejeros del Instituto de Acceso a la Información del Estado de Yucatán, sean propuestos por Asociaciones Civiles, pero su petición fue rechazada por la mayoría priista.