OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, y de 16 ejidos de Cintalapa, Chiapas, firmaron un “acuerdo de distensión integral” para garantizar la paz en la zona limítrofe entre ambos estados por la disputa de casi cinco mil hectáreas de terreno. En el acuerdo se contempla el retiro de las policías estatales de la zona, la entrega de los camiones retenidos por oaxaqueños y chiapanecos, y el inicio de un diálogo “de campesino a campesino”. Con la firma del acuerdo comenzó a destrabarse este añejo conflicto agrario entre ambas entidades. Sin embargo, esto no impide que las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas junto con el gobierno de Oaxaca continúen con la elaboración de una controversia constitucional que será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las reformas del estado de Chiapas, aclaró el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes. En noviembre pasado, el Congreso de Chiapas aprobó reformas a su Constitución política para crear cuatro municipios, entre ellos, Belisario Domínguez, que se encuentra en la zona de conflicto con los Chimalapas. Después de dos meses de tensión, las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, y de 16 ejidos de Cintalapa, Chiapas, lograron sentarse y firmar el acuerdo de distensión integral en presencia del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero. En el acto celebrado en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación también asistieron los gobernadores Gabino Cué Monteagudo, de Oaxaca, y Juan Sabines Guerrero, de Chiapas, quien tildó de “paramilitares” a los indígenas zoques de los Chimalapas. El gobernador de Oaxaca calificó este acuerdo como “un hecho histórico en la vida de la entidad” porque se da un paso importante para dirimir, por la vía del diálogo y la concertación, este conflicto agrario. Asimismo, reconoció “la sabiduría de los pueblos” para encarar sus problemas “de campesino a campesino y de indígena a indígena”. A su vez, el secretario de Gobernación aseguró que con este pacto se fortalece la construcción de la democracia, el diálogo y los acuerdos nacionales. El acuerdo contiene ocho puntos: En el primero ambas partes establecen el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, de garantizar el libre tránsito de los pobladores de la región. Además, se acordó mantener en la zona de conflicto al Ejército Mexicano debido a que fue solicitado el retiro de las policías estatales, mismas que abandonarán la zona “a la brevedad posible”. De igual forma, las secretarías generales de Gobierno de los dos estados establecerán mecanismos, forma y tiempos en que se realizará la entrega de los camiones que tenían “resguardados” la Congregación de San Antonio (de Oaxaca) y el núcleo agrario Gustavo Díaz Ordaz (de Chiapas) y que, para efectos de su devolución, pusieron a disposición de sus respectivos gobiernos estatales. Como cuarto punto, los núcleos agrarios de la región limítrofes se comprometen al diálogo y la conciliación; y establecen su compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y en apego al marco jurídico constitucional, legal e instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas. En tanto que la Secretaría de la Reforma Agraria, como cabeza del Sector, será la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto, al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y a la brevedad posible. Asimismo, las partes en conflicto solicitaron que en el procedimiento conciliatorio se respete plenamente las formas tradicionales de los núcleos agrarios, de organización y toma de decisión a través de sus Asambleas Generales. Mientras que a los gobiernos de los estados les piden que garanticen la libertad, seguridad y pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región. Finalmente, solicitaron que la Secretaría de Gobernación dé seguimiento y verifique el cumplimiento de los acuerdos suscritos en este documento, así como los que se adopten en el proceso conciliatorio hasta alcanzar una solución al conflicto agrario.