COLIMA, Col. (apro).- El incremento de los actos delictivos en los últimos años –especialmente asesinatos y robos– rebasó a las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia que no se dan abasto para prevenir la violencia y resolver las denuncias de la población, coincidieron representantes de abogados y de organizaciones sociales de la entidad. Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante 2010 fueron denunciados 7 mil 656 delitos en la entidad, mientras que en los primeros 11 meses las estadísticas marcan 9 mil 244 querellas acumuladas. En ese lapso, los homicidios dolosos se incrementaron más de 50%, ya que el año pasado se registraron 93, en tanto que del 1 de enero al 30 de noviembre del presente ya van 152. Los robos, de igual manera, crecieron más de 60%, de 3 mil 95 en 2010 a 5 mil 3 en los primeros 11 meses del actual año. El abogado Efraín Naranjo Cortés, miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, advirtió que la saturación de trabajo ha impedido que muchos casos sean atendidos en la PGJE, pues “sería imposible” que cada agente investigue “cien asuntos”. Dijo que la infraestructura de la Procuraduría “ha sido rebasada desde hace buen tiempo; yo litigo, voy a cada rato y veo que en asuntos leves, patrimoniales, se pone muy difícil para que avancen, imaginemos asuntos que tienen que ver con ejecuciones, desaparecidos y demás; siendo honestos, creo que han sido contundentemente rebasados”. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, Naranjo Cortés hizo notar el gran incremento de robos y de delitos graves como homicidios, por lo que “si continúan los grupos delictivos, quiere decir que no se hace ningún trabajo de desintegración de la delincuencia organizada, no se ha trabajado desde el punto de vista de la prevención; si la Procuraduría en la investigación de los delitos ha sido rebasada, creo que la Secretaría de Seguridad Pública ha corrido la misma suerte”. Por su parte, el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Colima, Mario de la Madrid Andrade, señaló que la estructura de la PGJE debiera replantearse en muchos aspectos, no nada más en cuanto a personal, sino en cuanto a inversión en tecnología, en mejorar los laboratorios de criminalística y en la capacitación constante del personal. –¿De esta manera se podría responder a las nuevas necesidades y circunstancias? –No solamente en las nuevas circunstancias, nosotros hemos recibido opiniones de diferentes abogados sobre los tiempos que tardan las averiguaciones de asuntos ordinarios, hay casos que se llevan más de seis meses, un año o más tiempo. “Incluso hay compañeros que han señalado la dilación en la integración de las averiguaciones previas, eso no es una situación que deba de ocultarse, así es en términos generales”, denunció.