Dan carpetazo a denuncia contra secretario de Hacienda en Yucatán

miércoles, 7 de diciembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- Diputados de oposición reprobaron la resolución que tomó el Congreso de Quintana Roo al dar “carpetazo” a la denuncia presentada contra el secretario de Hacienda de la entidad, Juan Ricalde Ramírez, por haber aceptado en donación un terreno en el municipio de Llovían. El diputado panista Renán Barrera Concha lamentó que pese a haberse configurado la comisión de un delito para fincarle juicio político a Ricalde, la mayoría priista en el Congreso local optara por proteger al funcionario. “Estamos frente a un claro ejemplo de impunidad, en un caso perfectamente claro de violación a la ley”, puntualizó. De nada sirvieron los argumentos probatorios que presentó Renán Barrera Concha, como tampoco sirvió que el mismo secretario de Hacienda aceptara haber recibido en donación el predio No. 108 de la calle 10 de Chabihau, comisaría de Llovían, pues los diputados priistas de la Comisión de Puntos Constitucionales se negaron a iniciar el procedimiento de juicio político por la denuncia que interpusieron los ciudadanos Kirbey Herrera Chab y Orlando Pérez Moguel. En su argumentación, Barrera Concha demostró que al aceptar la donación del terreno, Ricalde Ramírez infringió lo que establece el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, que en su fracción VII establece que se procede en contra de “cualquier infracción a la Constitución del estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al estado o a uno o varios municipios del mismo, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”. También citó el artículo 219 de la Ley de Gobierno de los Municipios, que prohíbe a los servidores públicos recibir cualquier donación, y el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que señala que los funcionarios deben abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, cualquier donación. Y, por si fuera poco, el Código Penal señala en su artículo 259 que los servidores públicos cometen el delito de ejercicio abusivo de funciones cuando realicen cualquier acto jurídico que le produzca beneficios económicos. Nada de eso sirvió, pues los diputados priistas “están nuevamente al servicio de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y sus funcionarios, ya que en lugar de hacer que se cumpla la ley, lo que se está haciendo es proteger a los funcionarios corruptos”, señaló el diputado panista. Asimismo, Barrera Concha expresó que no sólo el Congreso se lava las manos, también lo hace la misma gobernadora, pues nunca se removió de su cargo al funcionario, “ni siquiera para iniciar alguna investigación”. Nuevo golpe a los contribuyentes Dentro de la misma Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados priistas aprobaron la creación de un nuevo derecho para propietarios de vehículos: el refrendo de placas y tarjetas de circulación. Al crear esa figura, el Ejecutivo estatal incluirá el cobro correspondiente en su Ley de Hacienda, por lo que los dueños de automotores tendrán que pagar ese derecho. “Es un nuevo engaño a los yucatecos, ya que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco dio a conocer que no se cambiarían las placas en 2012”, como estaba establecido, pero en cambio creó el refrendo para obligar a todos a pagar un nuevo impuesto, dijo el diputado Renán Barrera Concha. Advirtió que con el nuevo pago, a la larga los propietarios de vehículos van a erogar más que si cambiasen de placas el año próximo, por lo que pidió eliminar la propuesta del Ejecutivo estatal para modificar Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, a fin de crear la figura de refrendo. “Es (el refrendo) el pago de un derecho a cambio de nada”, señaló el legislador panista. Y añadió: “El gobierno no puede cobrar lo que no existe, pero al crear la figura, podrá cobrar por un derecho… Estoy en contra de que se quiera hacer creer a los yucatecos que (el Ejecutivo estatal) está a favor de su economía (por la supuesta eliminación del cambio de placas en 2012), cuando en realidad es un nuevo engaño para los yucatecos”.