Denuncian omisión del gobierno en caso de desplazados de San Juan Copala

lunes, 14 de febrero de 2011

OAXACA, Oax., 14 de febrero (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que, a cuatro meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de indígenas triquis desplazados de San Juan Copala, el Estado mexicano ha sido omiso en su cumplimiento.

El Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el Centro de Asesoría a Pueblos Indígenas exigieron este lunes a las autoridades competentes instrumentar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los desplazados del municipio autónomo.

Durante la cuarta reunión que en esta capital sostuvieron representantes de los gobiernos federal y estatal con representantes de esos organismos, los peticionarios y beneficiarios de las medidas cautelares MC-197-10 que emitió la CIDH demandaron acelerar su cumplimiento, a fin de evitar enfrentamientos como el ocurrido en días recientes entre pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, que dejó un saldo de ocho muertos y 13 heridos. Además, hicieron hincapié en que con ésta “se han realizado ya cuatro reuniones y aún no hay una propuesta firme para el retorno de los desplazados por el conflicto en San Juan Copala”.

Asimismo, informaron a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de la presencia de paramilitares en las inmediaciones del campamento de desplazados ubicado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, y exigieron medidas para garantizar su seguridad.

Mencionaron que “los paramilitares armados obedecen las órdenes de Antonio Cruz, Toño Pájaro, uno de los operadores y responsables directos de la emboscada del 27 de abril de 2010, en la que perdieron la vida los defensores Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jakkola.

Según los organismos, en la reunión se discutió el retorno de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, por lo que urgieron al Estado mexicano garantizar los derechos de seguridad y justicia, derecho a la residencia y a la vivienda, a la alimentación, educación, salud, libre tránsito y reparación del daño, así como al reinicio de las actividades de instituciones y programas de beneficio social, en el marco del derecho internacional humanitario. Por separado, Amnistía Internacional informó que los padres de Jyri Jaakkola arribaron a México para conocer el estado que guardan las investigaciones sobre el caso de su hijo.